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¿Cómo puede una comunidad defender su derecho a decidir sobre su propio destino? Especialmente cuando las decisiones se toman sin su participación.
En este primer episodio, comenzamos a explorar esta pregunta. Viajamos a Argentina, donde comunidades de asentamientos informales están reclamando un lugar en la mesa donde se toman las decisiones que afectan sus hogares y barrios frente a la contaminación ambiental.
En el camino, descubrimos el delicado “baile” en el que se involucra una organización de empoderamiento jurídico y lo que implica sostener ese trabajo a pesar de los desafíos.
Agradecimientos especiales a Catalina Marino y a ACIJ, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina).
Este episodio fue producido por Jackie Sofia y Poorvi Chitalkar. Adaptado al español y actualizado por Daniela Zamora, Luciana Bercovich y Marta Almela.
La Olla Colectiva: Recetas para que las comunidades conozcan, usen y transformen el derecho es una producción conjunta de Namati y la Grassroots Justice Network. Este trabajo se llevó a cabo gracias a la ayuda de una subvención otorgada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y Global Affairs Canada.
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Daniela Zamora, presentadora: [00:00:06] Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a “La Olla Colectiva”, un podcast en el que exploramos historias, estrategias y recetas para avanzar hacia la justicia social y generar cambios estructurales en diversos rincones del mundo. ¿Qué harías si viniera alguien a decirte cómo proteger tu salud y tu bienestar sin siquiera hablar contigo? ¿Y sí, el reclamar un ambiente sano, la respuesta del Estado fuera obligarte a que abandones tu casa sin darte opción de decidir? ¿Qué harías? Eso fue exactamente lo que vivieron miles de personas en la cuenca del río Matanza-Riachuelo, en Argentina, uno de los ríos más contaminados de América Latina.
[00:00:56] En 2010, cerca de 63.000 personas que vivían en uno de los tramos de esta cuenca recibieron una noticia que cambiaría sus vidas: iban a ser localizadas. Para muchas de ellas, la noticia llegó repentinamente y se enteraron por el periódico local. Lo más desconcertante es que tan solo dos años antes, en 2008, esas mismas comunidades habían ganado y festejado un importante proceso judicial en la Corte Suprema de Argentina. El fallo reconocía que la contaminación que afectaba su salud y sus hogares generada por grandes corporaciones en la zona debía ser solucionada. La Corte ordenó sanear el territorio y prevenir nuevos daños. Pero una cosa es un fallo judicial, lo que dice el papel, y otra muy distinta cómo se lleva a la práctica, sobre todo si no se ha incluido a las comunidades afectadas en el proceso. Este caso nos deja una pregunta clave que aparecerá una y otra vez a lo largo del podcast. ¿Cómo puede una comunidad mantener su derecho a decidir sobre su propio destino cuando las decisiones se toman sin escuchar su voz?
[00:02:08] En este episodio de hoy, el primero de esta serie, compartiremos la historia de ACIJ, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y su trabajo para impulsar la participación comunitaria en dos asentamientos informales en Argentina, la Villa 21-24 y Villa Inflamable.
[00:02:26] Antes de comenzar con nuestra historia, permítanme una nota aclaratoria. Este episodio es una versión actualizada en español de un episodio original en inglés de nuestro podcast “A Common Pot” producido por Poorvi Chitalkar. La voz que escucharán es la de Cata. Nuestra invitada en este episodio.
[00:02:44] Esta es la historia del trabajo real que empieza justo después de una gran victoria.
Catalina Marino, ACIJ: [00:02:49] Hola Dani, un gusto también estar de nuevo compartiendo nuestra experiencia.
Daniela Zamora, presentadora: [00:02:54] Esta es Catalina.
Catalina Marino, ACIJ: [00:02:55] Bueno, yo soy Catalina Marino, trabajo en ACIJ, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es una organización sin fines de lucro que se dedica a defender los derechos de los grupos más desaventajados de la sociedad y fortalecer las instituciones democráticas en la Argentina.
Daniela Zamora, presentadora: [00:03:16] Uno de los grupos más desfavorecidos en Argentina y en el mundo son las personas que viven en los asentamientos informales o villas, como las llaman en Argentina. ACIJ viene trabajando junto a las comunidades de los asentamientos informales de Argentina desde hace más de 20 años. Su trabajo en la cuenca del río Matanza-Riachuelo comenzó en 2011.
Catalina Marino, ACIJ: [00:03:38] La cuenca Matanza-Riachuelo es una zona bastante grande de lo que es el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que involucra tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a la provincia de Buenos Aires, y eso incluye a 14 municipios que vendrían a ser como los gobiernos locales.
Daniela Zamora, presentadora: [00:03:53] Según datos elaborados por el Banco Mundial, se estima que 10% de la población de Argentina vive dentro de los 2,000 kilómetros cuadrados de la cuenca. Eso supone unos 4.7 millones de personas.
Catalina Marino, ACIJ: [00:04:06] Solo para dato contextual en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Condensa la mayor cantidad de la población en la Argentina. Es realmente un área muy densa y en particular en lo que es esta cuenca. Eso es el 10% de la población y dentro de este espacio encontramos 1,600 asentamientos informales. Lo que nosotros llamamos en Argentina “barrios populares”. Y lo que escuchamos desde hace décadas de los residentes es que están afectados por la contaminación por producto de las industrias que alrededor de la cuenca tendían a verter sobre sus desechos al agua de este riachuelo. Entonces, cuando arranca nuestro caso, el riachuelo era el río más contaminado de la Argentina, pero además, potencialmente uno de los más contaminados del mundo.
Daniela Zamora, presentadora: [00:04:57] Las dos comunidades de las que hablaremos hoy son Villa Inflamable y la Villa 21-24. Villa Inflamable se encuentra justo en el sureste de Buenos Aires. Al lado se encuentran los complejos petroquímicos más grandes del país. Un poco más hacia el interior, dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra la Villa 21-24.
Catalina Marino, ACIJ: [00:05:19] Villa Inflamable. Se llama así porque hace muchas décadas hubo un incendio junto al río y al puerto y entonces se prendió fuego un barco y todo el barrio. El nombre de este incendio, que era básicamente un lugar inflamable. El nombre inflamable tiene una connotación negativa para muchos habitantes y además no solo por el incendio, sino por el caso de contaminación posterior. Está bastante asociado a problemas ambientales y entonces es un nombre que algunos disputan y de hecho pretenden incluso hasta cambiarle el nombre. Hay algunas propuestas para rebautizar el barrio, pero básicamente porque es un nombre heredado de un hecho de hace muchas décadas.
Daniela Zamora, presentadora: [00:06:03] Durante muchos años, los vecinos de Villa Inflamable enfermaban constantemente. Y no estamos hablando de una gripe o un resfriado, estamos hablando de problemas de salud serios y, en algunos casos, irreversibles.
Catalina Marino, ACIJ: [00:06:18] El caso con Inflamable es interesante porque cuando un centro de salud de Avellaneda, que es el municipio donde estaba ubicado, inflamable, empiezan a detectar los trabajadores de la salud que había muchos niños, sobre todo con altos niveles de tolueno y de plomo en sangre, y eso era como compatible con características de contaminación del sector.
Daniela Zamora, presentadora: [00:06:41] El plomo es un metal pesado y tóxico que puede provocar serios problemas de salud, especialmente en la niñez y en mujeres embarazadas. Además, puede tener efectos irreversibles en el sistema neurológico y una vez que se ha producido, el daño es irreparable. En 2004, una mujer llamada Beatriz Mendoza comenzó a tomar nota de estos efectos mientras trabajaba en Villa Inflamable.
Catalina Marino, ACIJ: [00:07:08] Beatriz Mendoza era una trabajadora social que trabajaba en el centro de salud de Villa Inflamable. Y fue básicamente quien lideró e inició un grupo de vecinos que en 2004 presentaron una demanda contra el gobierno nacional y el gobierno argentino, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas que estaban ubicadas en el entorno de la cuenca, quejándose de los daños de contaminación que sufría la población de la cuenca, producto de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y del Riachuelo. Y así como ella inicia coordinando con otros vecinos el caso judicial, que es uno de los casos judiciales más emblemáticos ambientales que tiene en la Argentina.
Dr. Andrés Napoli, CELS-FARN-Greenpeace (Grabación de archivo): [00:07:53] El daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables las autoridades y las industrias y actividades de servicios…
Catalina Marino, ACIJ: [00:08:01] Fue el primer juicio colectivo por contaminación que tuvimos en el país y que marcó algunas tendencias en el resto de los casos ambientales. Siempre es una referencia a la causa Mendoza y lleva el nombre de Beatriz, por más que sean otros los actores que participan, se le conoce como la causa Mendoza.
Dr. Jorge Mosset Iturraspe en la corte Suprema Argentina, representante del demandante (grabación de archivo): [00:08:19] La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es también sin hesitaciones, la responsabilidad de los Estados.
Catalina Marino, ACIJ: [00:08:31] Bueno, en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite un fallo que es histórico, que declaraba que el Estado y los distintos gobiernos subnacionales y gobiernos locales eran responsables por llevar a cabo la remediación de la cuenca.
Daniela Zamora, presentadora: [00:08:51] El fallo de la Corte decía tres cosas: la calidad de vida tenía que mejorar para la gente que vivía alrededor de la cuenca del río, se debía limpiar y recuperar el medio ambiente y se debían evitar daños en el futuro.
Catalina Marino, ACIJ: [00:09:05] Fue un fallo histórico porque da a entender en algún punto y por primera vez que el Estado era responsable en sus distintos niveles y conjuntamente de proteger el medio ambiente y a los residentes, y no solo el Estado, sino también la responsabilidad de los privados, de también las empresas que son condenadas por esta contaminación.
Daniela Zamora, presentadora: [00:09:25] En 2010, dos años después de que la Corte emitiera su fallo, las personas de Villa Inflamable se enteraron por los periódicos que iban a ser desplazadas.
Catalina Marino, ACIJ: [00:09:35] Lo que sucede con la causa Mendoza en el caso de Villa Inflamable y pasa en otros barrios populares de la Cuenca, es que cuando se define que el sector está contaminado. Lo que se define también es que la población no puede vivir en estos territorios, sea por cercanía al río o por otras condiciones del suelo del sector de la cuenca. Y entonces se inicia un proceso de relocalización de las familias. El problema es que en Villa Inflamable en particular, es que esta información respecto de la necesidad de relocalizar a las familias, no llega al barrio de manera oficial. Y de hecho, lo que cuentan los vecinos y vecinas del barrio es que la información llega primero, o sea, ellos se enteran primero de que van a ser desplazados de su barrio a través de los periódicos, de los diarios, no a través de fuentes oficiales.
Daniela Zamora, presentadora: [00:10:24] Las comunidades cuya salud y bienestar ya estaban enormemente comprometidos por la contaminación de la zona, tenían además que cambiar drásticamente su vida y sin poder opinar sobre el asunto. Villa Inflamable se enfrentaba a la reubicación de toda la comunidad. Así que así, junto a líderes y lideresas comunitarias y los residentes intentaron dialogar con los funcionarios del gobierno local. Intentaron convencerles de que la comunidad tenía derecho a ser informada sobre la reubicación con tiempo y que se debería tener en cuenta su opinión en cualquier decisión que afectara sus vidas. También intentaron explicar que esto sería beneficioso para el gobierno porque evitaría complicaciones con el siguiente reasentamiento. Pero el gobierno no estuvo de acuerdo. Así que así inició acciones contra el gobierno local.
Catalina Marino, ACIJ: [00:11:13] Bueno, lo que hicimos en este contexto fue presentar un amparo, una demanda.
Daniela Zamora, presentadora: [00:11:17] Sí, otra demanda.
Catalina Marino, ACIJ: [00:11:19] A diferencia de lo que venía siendo el caso general de la causa Mendoza, esta demanda se hizo para exigirle al gobierno local de que la población de Villa Inflamable tenía derecho a comprender lo que estaba pasando, lo que era el plan de relocalización. O sea, tenía que tener derecho a la información completa de los planes de gobierno y además tenía derecho a la participación en el diseño y en la ejecución de este plan. Es decir, poder tener cierta voz y cierto poder de incidencia en los planes y los pasos que tenía que tomar el gobierno local. Y efectivamente, ganamos el caso. Después, finalmente, este caso fue tomado como un criterio para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se replica el derecho a la información y a la participación para todos los habitantes de la cuenca que estaban discutiendo otros procesos de relocalización en el resto de los barrios populares de la cuenca Matanza-Riachuelo. Eso fue realmente una gran victoria, no solo para el caso de Inflamable, sino para el resto de los barrios.
Daniela Zamora, presentadora: [00:12:24] Y créanlo o no, pero es aquí donde comenzó el verdadero reto. Presentar una demanda y ganarla fue algo grande, pero es parte del juego que una organización como ACIJ sabe jugar. Con este triunfo, tenían que encontrar una manera de asegurarse de que todas las personas involucradas tuvieran una participación clara e informada. Y recordemos que hablamos de miles de personas. En primer lugar, estaba el reto de cómo trabajar con las comunidades para organizarse y aprovechar esta victoria para construir una especie de “masa crítica” que pudiera impulsar el caso en su beneficio. En segundo lugar, también estaba el reto de cómo hacer que conocieran y usaran el laberinto de normas, sentencias y otros instrumentos para utilizarlas durante todo el proceso, que como imaginarán, será muy largo.
Catalina Marino, ACIJ: [00:13:16] Bueno, lo que tenían los casos con los que trabajamos es que Villa 21-24 estaba bastante más organizada en la comunidad que lo que estaba la Villa Inflamable, porque en la Villa 21-24 que está en la ciudad de Buenos Aires, había muchas organizaciones que ya trabajaban desde hacía años y que además estaban muy involucradas con los referentes del barrio. En este caso, por ejemplo, tenemos a la Institución de Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires y a la Fundación TEMAS que se encargaron de organizar a parte del cuerpo de delegados de la Villa 21-24 y les daban también asesoramiento jurídico gratuito para que ellos pudieran entender lo que pasaba con la causa Mendoza. Y estos actores fueron claves para consolidar a los referentes del barrio y sobre todo, para que pensaran colectivamente y terminan generando un sistema de elección de delegados bastante sofisticado en el que eligen un delegado por manzana para que pudiera representar a los a sus vecinos de manera más segura, más directa en los planes de relocalización y en las discusiones con el gobierno local. Y entonces así se termina de conformar un cuerpo de delegados muy potente en las primeras partes de la casa.
Daniela Zamora, presentadora: [00:14:33] El nivel de organización fue impresionante, diría que hasta emocionante. Estamos hablando de una población enorme. Más de 2,000 familias en la Villa 21-24 se vieron afectadas por el fallo de la Corte. La organización comunitaria de la Villa 21-24 incluso logró identificar temas importantes para ciertas secciones o bloques de la comunidad y comenzaron a generar estrategias alrededor de esos temas. Es decir, lograron definir prioridades en las políticas públicas.
Catalina Marino, ACIJ: [00:15:04] Una de las cosas más interesantes del cuerpo de delegados de la 21-24 es que cuando empiezan a pensar colectivamente, por ejemplo, identifican que había cierta prioridad en un sector del barrio, que era el sector que tenía más precariedades en términos habitacionales y que sufría más problemas de salud, que concentraba población como más vulnerable. Y entonces una de las primeras luchas que tiene este cuerpo de delegados es exigirle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la relocalización tiene que empezar por esa manzana. Y es increíble porque este ejemplo lo que muestra es una organización comunitaria muy potente y objetivos que deciden priorizar el beneficio del conjunto. Digo pensando que era una de sus mayores banderas y lo ganan. Y efectivamente, la primera relocalización arranca por ese, por ese sector.
Daniela Zamora, presentadora: [00:15:55] Hay que recordar que estamos hablando de dos comunidades diferentes. Hemos estado hablando de la Villa 21-24, donde sólo había una parte de la población que se enfrentaba al reasentamiento. Pero Villa Inflamable era una comunidad mucho más grande y su situación era distinta.
Catalina Marino, ACIJ: [00:16:12] El caso de Inflamable era bastante más complicado porque lo que decían los estudios de inflamable y lo que había decidido el gobierno local era que todo el barrio, o sea, todo el asentamiento, tenía que ser localizado. Teníamos un proceso que abarcaba la totalidad del barrio, era mucho más extenso y además con una comunidad bastante menos organizada, con bastante menos trayectoria de organización. La organización comunitaria era más difícil y costaba más organizar los reclamos.
Daniela Zamora, presentadora: [00:16:42] Villa Inflamable necesitaba más apoyo, por lo que aquí, ACIJ trabajó para favorecer la construcción y movilización comunitaria. Organizaron talleres y cursos de empoderamiento jurídico para ayudar a la comunidad a conocer sus derechos y a usar las normas para exigir políticas concretas que mejoren su vida.
Taller de participación comunitaria de ACIJ (grabación de archivo): [00:17:02] Para aquellos que las armaron. Claro. ¿Y al lado de la Constitución qué había?
Catalina Marino, ACIJ: [00:17:08] El primero de los reclamos que surgen desde Villa Inflamable es, como decíamos antes, la necesidad de tener algún tipo de información y de participación en los procesos de relocalización. Esa era la principal lucha, ¿no? Pero una vez que se avanza en este proceso en que se gana el juicio, entonces se exige al gobierno la participación. Lo que se tiene que pensar es qué otras cosas se tienen que decidir en estos espacios, incluso previo a la relocalización. Entonces había una serie de luchas que tenía el barrio, que estaban también motivadas por la amenaza de la relocalización futura.
Daniela Zamora, presentadora: [00:17:45] Y recabaron información, mucha, mucha información.
Catalina Marino, ACIJ: [00:17:49] Entre los muchos problemas que tenía la comunidad de Inflamable, había, por ejemplo, un gran problema de que no tenían acceso al agua segura, justamente porque como el suelo estaba contaminado, el agua que llegaba al barrio con conexiones hechas de manera informal, no se podía consumir. Nada garantizaba que ese agua fuera segura y apta para consumo humano. Este era el principal problema y obviamente no tenían otros muchos servicios. Eso pasa en todos los barrios populares de la Argentina. No tenían servicios públicos formales, no tenían las calles asfaltadas. Hay muchas, muchas características del barrio que estaban deficitarias, pero que además el gobierno local no quería invertir en hacer esta infraestructura porque justamente el barrio iba a ser relocalizado. Entonces había una decisión de no inversión. Y es más, esto también era problemático porque por la decisión de relocalización futura, el gobierno había impedido, había generado una prohibición del ingreso de materiales de construcción. El problema era que la prohibición de ingreso de materiales hacía que la gente tuviera que estar en el barrio sin poder mejorar sus condiciones de vida. Pero mientras tanto, esperando un proceso de relocalización que no llegaba. Se convirtieron tanto el agua como el ingreso de materiales en los problemas del “mientras tanto”. Y entonces estas demandas que tenía el barrio. Lo que hicimos desde hace fue intentar entender y sistematizar los reclamos generando información desde el territorio. Cómo discutirle al gobierno local que era un problema lo del agua o que era un problema lo de la falta de materiales de construcción. Hicimos un diagnóstico comunitario, generamos datos, hicimos encuestas y generamos datos desde el barrio para poder exigir con datos propios al gobierno que había que tomar ciertas decisiones, mientras tanto pudieran efectivamente ejecutar el proceso de relocalización.
Daniela Zamora, presentadora: [00:19:46] A través de encuestas domiciliarias, asambleas y reuniones comunitarias periódicas en Villa Inflamable. ACIJ trabajó junto a la comunidad para que documentara y comprendiera mejor su propio caso. Fue un baile constante en dos niveles. En un nivel ACIJ estaba trabajando para convencer al gobierno de que proporcionara espacios para una participación significativa. Y en otro nivel, estaban trabajando para equipar a la comunidad con herramientas y la información que necesitaban para comprender sus derechos y expresar sus demandas, prioridades y necesidades en el lenguaje de los derechos. Y el lenguaje es importante. Muchas veces las comunidades marginalizadas se enfrentan al problema de que no hablan con fluidez el lenguaje del derecho. Lograr esta fluidez lleva tiempo. Lleva años de estudio comprender algo que es complicado por naturaleza. Pero una mujer de Villa Inflamable pareció entender la lógica detrás de ese lenguaje y el poder que le daba manejarlo. Su nombre es Claudia Espínola.
Catalina Marino, ACIJ: [00:20:50] ¿Cómo supimos que la participación funcionó? Es una gran pregunta y yo creo que lo primero que pienso es en el ejemplo de Claudia.
Daniela Zamora, presentadora: [00:20:58] Si buscas su nombre en YouTube, la verás frente a la cámara, hablando con firmeza. Su voz suena segura y cálida. El cabello largo y rizado con destellos rojizos acompaña cada gesto y en sus ojos brillantes y encendidos se nota la llama de quien defiende a su comunidad.
Catalina Marino, ACIJ: [00:21:15] ¿Y en esas audiencias se supone que tenemos que estar nosotros? ¿Quién era nuestra voz? ¿Quiénes nos representaban? En todo caso, saber eso. En el 2015…
Catalina Marino, ACIJ: [00:21:25] Lo que tiene Claudia, que es maravilloso, es que tiene un discurso de derechos realmente muy internalizado a la hora de hablar. Ella logra, después de años de enmarcar en su discurso y en su y en su relato de los problemas del barrio, las demandas en un lenguaje de derechos que lo que hace es poner una un encuadre muy necesario para los intercambios con funcionarios públicos y con funcionarios judiciales. Y por eso es que yo pienso en esa. No, porque ella es como una lideresa comunitaria, con todas las letras, que ya no necesita un acompañamiento directo nuestro. Lo tuvo al comienzo y después se independiza en términos de sus estrategias, pero ya se las estrategias las conoce a la perfección y sabe cómo exigir al municipio presentar notas, hablar con los funcionarios, juntar firmas con los vecinos o activar movilizaciones leyendo el contexto en el que está. Y eso realmente me parece un ejemplo muy importante de éxito.
Miembros de la comunidad del asentamiento informal Villa Inflamable asisten a un taller organizado por ACIJ. A la derecha se encuentra la líder comunitaria Claudia Espínola.
Daniela Zamora, presentadora: [00:22:22] Pero por muy importante que sea el liderazgo de personas como Claudia, organizar significa construir poder colectivo. Es necesario tener una masa crítica de miembros de la comunidad involucrados y mantener su interés en el largo plazo. Esto no es fácil. De hecho, es lo más difícil del caso.
Catalina Marino, ACIJ: [00:22:41] Creo que lo que hace más fácil que la gente se involucre es si ve claramente lo que tiene para ganar. Si vos solo decís “vení a participar”, pero aclarás que vas a estar luchando 15 años para conseguirlo, quizás es poco fácil. Como es bastante difícil que alguien se involucre, o en todo caso vas a tener algo de participación y vas a lograr que algunos líderes comunitarios se involucren, pero no toda la población. Hay algunas personas que están más dispuestas a formar parte de las discusiones o de discusiones más estratégicas colectivas. Y después hay otros que necesitan que las discusiones sean de corto plazo, que sean con beneficios más concretos. Entonces me parece que la participación depende de un poco si vas a ganar más o menos participación según las estrategias, los objetivos y las capacidades de incidencia.
Daniela Zamora, presentadora: [00:23:32] Mantener a una comunidad involucrada en los procesos de cambio no es fácil. Los resultados llevan tiempo y la gente está ocupada. La participación tiene su coste, sus altibajos, sus frustraciones, pero también sus resultados.
Catalina Marino, ACIJ: [00:23:47] Nosotros tuvimos un aprendizaje respecto de la participación y es que durante mucho tiempo creíamos. Nuestro objetivo era que la comunidad tenía que involucrarse y participar en todas las decisiones de su barrio. Y lo que pasa en los barrios populares de la Argentina y posiblemente en cualquier barrio popular de la región o del mundo, es que la gente, además, tiene su trabajo, tiene sus ocupaciones domésticas, de su vida, de su familia. Pedir que se involucren completamente en decisiones de su barrio o intervenir en las definiciones del gobierno local y además hacerlo gratis en su tiempo libre, simplemente porque está en su interés, porque es algo que los puede beneficiar, ser parte de las decisiones del barrio es algo muy exigente, sobre todo porque nosotros decimos que hay como tres jornadas laborales paralelas. El rol productivo de lo que te da tu trabajo, en los que te daban dinero después del rol doméstico, las actividades domésticas, cocinar, limpiar, cuidar a los chicos, llevar a los niños a la escuela, los controles médicos. Y además, el rol comunitario, el rol que vos necesitás ejercer para poder conseguir el agua, para que si la casa se inunda, venga el camión a desagotar por las cloacas o por la lluvia para sostener los comedores comunitarios. En este contexto, si encima tenés que estar involucrado en lo que sucede, el barrio es realmente un costo muy alto para exigir, sobre todo de manera sostenida. Creo que nosotros hicimos un proceso en el que, bueno, no hay una sola receta para garantizar la participación y hay que hacer las paces sobre que la participación comunitaria no tiene que ser constante en todos los momentos y que además hay diferentes momentos y diferentes estrategias para incentivar o no distintos momentos de participación, ¿no? A veces algunas recetas salen bien y otras veces no tanto.
Daniela Zamora, presentadora: [00:25:42] En 2022 el gobierno hizo un anuncio: los residentes de Villa Inflamable no serían relocalizados y eso cambió todo, nuevamente.
Catalina Marino, ACIJ: [00:25:55] Originalmente, sobre todo en Villa Inflamable, nuestro objetivo con garantizar que el gobierno abriera espacios de información y de participación era que los habitantes pudieran estar involucrados en este proceso de relocalización, que era lo que más les preocupaba. Cuando la situación cambia porque va cambiando a lo largo de 15 años y en el 2022 lo que sucede es que el gobierno hace nuevos estudios de suelo y lo que se enteran es que el suelo podía ser remediable. Lo que implicaba esto era hacer obras de infraestructura para garantizar los servicios públicos formales: el agua, las cloacas, los pluviales, eliminar las lagunas y abrir calles. Y entonces, de esa manera lo que se permitía era que las familias de Villa Inflamable pudieran seguir viviendo en sus viviendas, pero con acceso a servicios formales, como en cualquier otra parte de la ciudad.
Daniela Zamora, presentadora: [00:26:49] Un nuevo programa de mejora del barrio suponía que la comunidad se quedaría en el lugar. No se relocalizaría a nadie y esto significaba que toda la estrategia de ACIJ tenía que cambiar también.
Catalina Marino, ACIJ: [00:27:02] Bueno, el desafío con la estrategia es que básicamente nos enfrentamos ahora a retos distintos. El objetivo original era que la gente pudiera participar porque tenía que ser relocalizada y ahora es la participación para mejorar y diseñar el nuevo barrio, ¿no? Y el problema quizá que sucede con esta estrategia es que la comunidad no está suficientemente movilizada para participar activamente en el diseño del barrio, porque en realidad su mayor miedo era ser localizados y ahora eso no va a suceder. Como se van a poder quedar en el barrio, el incentivo a participar es más bajo cuando la relocalización deja de estar sobre la mesa. cuando deja de ser en un futuro posible, entonces quizás la participación pierde relevancia porque la participación nunca fue un objetivo en sí mismo, era una estrategia para lograr un fin que era decidir sobre el destino de su barrio. Si ahora lo que la comunidad cree es que el diseño del nuevo barrio o de ese ordenamiento territorial tiene que ser una decisión del gobierno local y quieren esperar a ver cuál es la decisión del gobierno y no participar activamente, dado que vienen participando desde hace 15 años, hace 15 años que vienen luchando. Entonces tenemos que respetar esa decisión porque es una decisión muy coherente y lo que hay que hacer como organizaciones que acompañamos es bueno entender cuáles son las demandas actuales de los barrios y creo que eso es muy esencial, porque si no lo que termina sucediendo es que estás imponiendo una causa que es tu causa, no es la causa de la comunidad. Y también yo creo que hay que ser muy optimista con este caso, porque en realidad cuando yo puedo analizar la decisión del gobierno local de no relocalizar Villa Inflamable, creo que eso también es un éxito. Porque lo que creo es que con la movilización de la comunidad, con la causa judicial, con el litigio, con las demandas de participación e información, con la construcción de datos desde la comunidad, eventualmente lo que hicimos fue lograr que fuera más difícil para el Gobierno en insistir en una estrategia de relocalización que la comunidad misma rechazada. Es cierto que hubo un cambio medioambiental. Es cierto que hubo un análisis de contexto y una evaluación del daño ambiental en ese contexto. Pero posiblemente también esa decisión haya estado vinculada a toda la movilización de la comunidad. Y si lo miramos desde esa perspectiva, el caso de Villa Inflamable puede considerarse efectivamente un caso de éxito.
Daniela Zamora, presentadora: [00:29:35] Y después, en noviembre de 2023, cambió todo el panorama político de Argentina. El líder de extrema derecha, Javier Milei, fue elegido presidente de Argentina.
RTVE (grabación de archivo): [00:29:47] A todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Son las primeras palabras del ultraderechista Javier Milei como presidente tras arrasar con un 56% de los votos, más de 3 millones que su rival.
Catalina Marino, ACIJ: [00:30:05] Bueno, el contexto para la justicia social en Argentina realmente no es bueno. Nuestro presidente actual ha dicho muchas veces que no cree en la justicia social. Que la justicia social es una mentira, que el discurso de derechos es una estafa y eso se ha replicado en varios otros funcionarios. Entonces es un panorama bastante oscuro con el que estamos lidiando.
Javier Milei, presidente de Argentina (grabación de archivo): [00:30:30] De hecho, como dice Gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta, o sea, no es ni justa ni social ni nada, es una aberración.
Daniela Zamora, presentadora: [00:30:45] ¿Se acuerdan de ese programa de mejora del barrio del que hablaba antes Catalina? El mismo programa que era responsable de la mejora de Villa Inflamable ahora que no va a ser localizada. Ese programa está financiado por el Gobierno nacional y sin un liderazgo que cree en la justicia social, lo que vaya a pasar a partir de ahora queda en el aire. Desde 2009, el Banco Mundial ha sido uno de los principales inversores en el sistema Riachuelo, algo que en su página web llaman “una megaobra de infraestructura”. Es una inversión que ayudará a implementar el fallo de 2008 de la Corte Suprema y traer mejores servicios de agua y saneamiento para más de 4.7 millones de personas. La cantidad total adelantada ya por el Banco Mundial para que este proyecto se haga realidad es de 1,200,000,000 de dólares. Si estamos hablando de miles de millones, es la mayor inversión del Banco Mundial en Latinoamérica y el Caribe hasta la fecha.
Catalina Marino, ACIJ: [00:31:44] Realmente la situación es bastante preocupante porque hubo una decisión del Gobierno nacional de suspender o paralizar todas las obras de infraestructura y de inversión pública de recorte fiscal, tanto el gobierno local en la Ciudad de Buenos Aires como el gobierno nacional en general suspenden las obras y entonces los procesos de integración urbana quedan paralizados o al menos muy limitados en su avance.
Daniela Zamora, presentadora: [00:32:10] Catalina teme que una vez que termine la parte del proyecto financiado por el Banco Mundial, el Gobierno decida no continuar con su parte del trato. La parte que hace que realmente los hogares puedan tener acceso a una conexión al sistema y de esta manera “la megaobra” podría ser un callejón sin salida antes incluso de llegar a la puerta de la gente.
Catalina Marino, ACIJ: [00:32:37] Creo que la situación es especialmente compleja, porque no solo no tenemos recursos presupuestarios, no solo hay una decisión de no invertir en la infraestructura, sino que además nos enfrentamos con un discurso público que no está dispuesto a escuchar reclamos desde los barrios, desde las comunidades enmarcados en un lenguaje de derechos humanos. Es muy difícil porque no vamos a convencer a ningún funcionario del Gobierno nacional a que la población tiene derecho a la vivienda, a la salud, a la participación, a la información. Porque esa lente no es una lente que ellos consideren válida. En ese sentido, el discurso de derechos y la demanda de derechos humanos realmente está siendo muy difícil en la Argentina.
Daniela Zamora, presentadora: [00:33:17] Pero la historia no termina aquí. La Corte decidió cerrar el caso. En octubre de 2024, además del cambio de gobierno y la restricción presupuestaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia que puso fin a la causa Mendoza y a su rol de supervisión en el caso. Según la Corte, los objetivos institucionales originales ya se habían cumplido, se habían creado organismos de control, existían planes de gobierno en curso, por lo que consideró que la tutela judicial directa ya no era necesaria. Con esa decisión se archivaron los expedientes que tramitaban tanto la Corte como otros juzgados. Esto representó un desafío adicional porque las comunidades de los barrios populares tenían en la justicia,a través de los Juzgados de Seguimiento, un mecanismo de monitoreo y control sobre las obligaciones de los gobiernos. Si bien esas obligaciones ya eran difíciles de implementar, al menos existía una estructura de gobernanza valiosa que se había convertido en una buena práctica impulsada por las propias comunidades. Aunque se presentaron acciones para revisar la sentencia e incluso apelaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es probable que no haya cambios inmediatos. En consecuencia, se pierde una herramienta clave en la lucha por la justicia social y ambiental en estos barrios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando después de tanto tiempo trabajando por la justicia social, fortaleciendo el poder de las comunidades, convenciendo a los gobiernos de que escuchar sus voces lleva a mejores decisiones, las instituciones terminan abandonando por completo ese lenguaje de justicia social? Algo que distingue a Catalina y a su equipo en ACIJ es que no se quedan esperando a ver qué pasa, buscan aprender, aprender de otras personas y organizaciones que también enfrentan la reducción de espacios democráticos y que pueden ofrecer lecciones sobre cómo navegar estos tiempos. En este camino, la Grassroots Justice Network, conocida en nuestra región como la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, se ha convertido en un espacio fundamental para este aprendizaje compartido.
Catalina Marino, ACIJ: [00:35:25] Bueno, yo creo que antes estábamos en una situación mejor que la de otros países y otras comunidades para luchar por nuestros derechos. Teníamos un derecho mínimo de participación de las comunidades, pero que estaba garantizado y que había cierto reconocimiento de la participación y eso era muy importante. Y creo que lo que me gustaría entender ahora es ¿cómo se puede desarrollar la movilización comunitaria en otros contextos o en contextos de reducción del espacio cívico o de debilitamiento de las instituciones democráticas? Cuando por ahí en contextos donde la represión puede ser más violenta o que no significa que vayamos en esa dirección, pero sí que que hay un nuevo contexto que está bastante más cerrado al discurso de derechos o lenguaje de derechos humanos y entonces aprendería de experiencias sobre cómo actuar, frente a este conjunto de retos. Y para mí eso es bastante prometedor del aprendizaje dentro de la Comunidad.
Daniela Zamora, presentadora: [00:36:32] No existe una receta, como dice Catalina. No hay solo una estrategia que garantice la participación comunitaria, pero hay valores y principios guía que conforman su trabajo, que les ayudan a cambiar y a reajustar su estrategia a medida que cambia la marea.
Catalina Marino, ACIJ: [00:36:48] Para nosotros un poco lo que decíamos antes, la participación es un valor central. Realmente estamos convencidos de que para que haya justicia socio-urbana necesitamos participación e involucramiento de las comunidades, no solo porque es lo correcto, sino porque efectivamente las políticas públicas son mejores cuando reflejan las necesidades y los deseos de las propias comunidades.
Daniela Zamora, presentadora: [00:37:11] El futuro de la Villa 21-24 y de Villa Inflamable es una incógnita. Pero hay algo que sí sabemos: mientras haya Claudias, miembros de la comunidad que conozcan, usen y transformen el derecho, el poder de la comunidad seguirá creciendo. La lucha puede que dure años, pero en última instancia, las personas de la comunidad darán forma a su propio destino. Y así sigue el baile. Hemos llamado este podcast “La Olla Colectiva” porque queríamos explorar recetas para avanzar hacia la justicia en todo el mundo. Hablando con Cata, queda claro que cuando hablamos de participación comunitaria no existe una sola receta. Por el contrario, es necesario encontrar diferentes estrategias para diferentes contextos. Bueno, quizá ese es el caso, pero ¿qué pasa con las recetas de verdad? También le preguntamos a Catalina por su receta preferida en la cocina.
Catalina Marino, ACIJ: [00:38:07] Lo que tengo para decirte es que tengo una parrilla en el balcón que creo que es lo más argentino que podés encontrar en esa pregunta, una parrilla en el balcón de un edificio de departamentos para hacer asado los domingos. Mis vecinos de arriba creo que no están muy contentos con que yo tenga una parrilla en el balcón, tengo que decir.
Daniela Zamora, presentadora: [00:38:44] Este episodio en español fue conducido por mí, Daniela Zamora, con el apoyo de Luciana Bercovich y Marta Almela. El episodio original fue producido por Poorvi Chitalkar con Jackie Sofía como directora de producción. El diseño de sonido estuvo a cargo de Mohamad Khreizat y Andrés Pacheco-Girón. El apoyo editorial estuvo a cargo del equipo de comunicaciones de Namati y también hemos contado con el apoyo de Anuradha Joshi. Un agradecimiento enorme a Catalina Marino y a ACIJ por compartir su historia. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, y Global Affairs Canada. “La Olla Colectiva”: recetas para que las comunidades conozcan, usen y transformen el derecho es una producción conjunta de Namati y la Grassroots Justice Network. Para formar parte de la red y seguir nuestro trabajo, visita www.grassrootsjusticenetwork.org y encuéntranos en YouTube, X antes Twitter y Facebook como @grassrootsjn.