En la era digital, muchos gobiernos ofrecen ahora directamente a los ciudadanos versiones en línea de las fuentes primarias del derecho, incluidos estatutos, jurisprudencia y reglamentos. Esto puede hacer posible que el público tenga acceso equitativo y continuo a estos recursos, asumiendo un acceso a Internet amplio y asequible.
Sin embargo, simplemente publicar información legal en línea no es suficiente. Los proveedores gubernamentales también deben asumir la responsabilidad de garantizar que el contenido que publiquen esté a disposición de todos, sin costo alguno, de que el contenido sea auténtico y confiable y que se conserve para uso público en el tiempo en cooperación con instituciones de memoria.