La Argentina mantiene importantes desafíos en el acceso y goce efectivo de derechos. Distintas situaciones de diferenciación y segregación imponen límites y obstáculos al ejercicio de derechos sociales, políticos, culturales y civiles. De este modo, la desigualdad permanece en el centro de los problemas estructurales en nuestro país e impacta negativamente en la calidad de la democracia.
Para procurar que el acceso a la justicia se desarrolle promoviendo condiciones de igualdad es necesario disponer de instituciones y mecanismos que contemplen los aspectos estructurales que hacen a las condiciones de vida desiguales de la sociedad. Reconocer las formas específicas de la vulnerabilidad y las formas interseccionales en que se dan las afectaciones diferenciales es un punto de partida para instrumentalizar mecanismos efectivos de acceso a derechos en general y a la justicia, en particular.
En términos generales, son pocas las políticas públicas y dispositivos territoriales, administrativos, de acceso a información sobre derechos y recursos estatales que han intentado asegurar un acceso efectivo a la justicia. Entre ellas se destaca la política de los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) implementada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con sus formatos diferenciados de acuerdo al período de gestión gubernamental, han sido sostenidos por distintos gobiernos y en la actualidad constituyen una red federal de servicios legales primarios públicos.