A nivel mundial, se estima que “5,1 mil millones de personas – dos tercios de la población mundial – no tienen acceso a los servicios básicos de la justicia”[1]. En Latinoamérica, a pesar de contar con algunos marcos legales progresistas, la justicia sigue siendo una abstracción para comunidades y grupos históricamente marginalizados, quienes hacen frente a grandes barreras de acceso, e incluso son amenazados, atacados o criminalizados por defender sus derechos.
No obstante, en la región existe una gran diversidad de personas, organizaciones y colectivos comprometidos que trabajan día a día para revertir injusticias, reducir desigualdades de poder y exigir la efectividad de los derechos. La Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico[2] brinda una red de pertenencia, aprendizaje y acción colectiva para potenciar el trabajo y elevar la voz de quienes trabajan para que las personas conozcan, usen y transformen el derecho. Actualmente somos más de 1.000 personas y 300 organizaciones, y ¡esperamos ser muchas más!
En el año 2017 comenzamos a trabajar en el desarrollo de una agenda regional. Desde entonces, hemos realizado una diversidad de actividades tendientes a conocer las particularidades del empoderamiento jurídico en nuestra región, generar conocimiento sobre las prácticas y herramientas utilizadas, y proveer espacios de apoyo mutuo y solidaridad.
6 años después nuestra comunidad ha crecido en número, compromiso y ambiciones comunes, por ello nos proponemos desarrollar un plan estratégico que consolide este crecimiento y nos permita acordar una hoja de ruta colectiva para los próximos años.
Para ello, del 31 de julio al 3 de agosto de 2023, reunimos en Buenos Aires, Argentina, a 21 representantes de 13 organizaciones que conforman Consejo Estratégico Regional [3] –órgano que guía el trabajo de la Comunidad en la región. Durante 4 días, reflexionamos sobre nuestra identidad común, visión y prioridades a futuro, así como sobre el rol que la Comunidad puede tener en el contexto regional actual.
Miembros del Consejo Estratégico Regional y equipo de la Comunidad en una de las sesiones de discusión en el encuentro
Fueron 4 días intensos, llenos de energía, ideas y risas compartidas, entre mates, café y muchos snacks de distintos países de la región. En ese espacio seguro y de confianza se desarrollaron conversaciones enriquecedoras que nos llevaron a la definición de las grandes líneas de trabajo estratégicas para los próximos años:
– Aprendizajes, capacitación y generación de un campo de conocimiento: Queremos profundizar y escalar la promoción de aprendizaje entre pares, las propuestas de capacitación sobre herramientas y habilidades prácticas para el ejercicio del empoderamiento jurídico y la abogacía comunitaria, y la generación de conocimiento y evidencia sobre las metodologías e impacto de nuestras prácticas.
– Acceso a la justicia: Entendemos que nuestra comunidad tiene una perspectiva única y fundamental en las discusiones sobre las normas y políticas necesarias para hacer efectivo el acceso a la justicia para todas y todos. Nos proponemos participar activamente a nivel nacional, regional y global para que el empoderamiento jurídico y las necesidades de las comunidades estén en el centro de dichas conversaciones, en particular ante el contexto de oportunidad abierto por la COMJIB, quien está impulsado el desarrollo de una Convención Iberoamericana por el Acceso a la Justicia.
– Temas: Si bien acordamos que lo que nos une es el ¨cómo¨trabajamos y el rol central de las comunidades en sus luchas, entendemos que hay ciertas agendas temáticas que cuentan con algunas particularidades y en las que quisiéramos explorar y desarrollar acciones específicas. Entre ellas:
Justicia de género: en particular, promover la transversalización de la perspectiva de género, y sistematizar y generar instancias de aprendizaje sobre las experiencias de promotoras legales populares de la región
Justicia ambiental y climática: generar evidencia sobre el rol del empoderamiento jurídico, desarrollar una agenda de formación estructurada y ambiciosa, y promover que las comunidades participen en las decisiones que afectan sus vidas.
– Global-regional-nacional: Durante el encuentro discutimos que no todas las acciones de aprendizaje, incidencia y solidaridad se deben dar sólo a nivel regional Latinoamericano. Somos parte de una red global y como tal vemos que existen muchas oportunidades de aprendizaje y acción colectiva entre regiones. A su vez, entendemos que a nivel nacional se pueden desarrollar colaboraciones específicas y aprendizajes más adaptados al contexto. En particular, las organizaciones de Centroamérica expresaron la necesidad de espacios subregionales orientados a abordar el cierre del espacio cívico en la región.
Aprovechando el moméntum de tener a este grupo en persona en Buenos Aires, el último día del encuentro nos reunimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, gracias a la gentileza del Centro de Derechos Humanos (CDH). Por la mañana, tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de las organizaciones miembros del grupo promotor de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) sobre su experiencia generando una comunidad a nivel nacional con una mirada descentralizada y plural, y sobre cómo podemos colaborar y articular a nivel nacional-regional-global.
Por la tarde, co-organizamos junto con la COMJIB, la Alianza Iberoamericana por el Acceso a la Justicia, el Centro de Derechos Humanos de la UBA y ACIJ, nuestro miembro ancla regional, una jornada pública sobre la posible Convención Iberoamericana por el Acceso a la Justicia, que reunió a activistas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para conversar a través de paneles, discusiones temáticas y mesas redondas sobre las oportunidades de esta posible Convención.
En 4 días no sólo abordamos elementos centrales sobre nuestra identidad y hoja de ruta a futuro, sino que también se generó un espacio de solidaridad, confianza e ilusión que estamos convencidas va continuar con fuerza en la virtualidad.
Este encuentro fue un paso fundamental en el proceso de planificación de la Comunidad para el trabajo de los próximos años, sentando las bases para construir una agenda estructurada con una visión de largo plazo que oriente las acciones y construya de una forma más robusta y profunda nuestro trabajo y el de nuestros miembros.
No obstante esto es sólo el comienzo. En los próximos meses, el Consejo Estratégico estará afinando el lápiz, desarrollando propuestas de acciones concretas y asumiendo responsabilidades y liderazgos. Luego, realizaremos una asamblea abierta a todos los miembros de la Comunidad para presentar el plan, y recibir comentarios y propuestas.
Selfie de las y los miembros del Consejo Estratégico Regional y equipo de la Comunidad
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Un agradecimiento enorme al equipo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que estuvo a cargo de la organización del evento, nos acogió en sus oficinas en Buenos Aires, y nos cuidó maravillosamente.
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Referencias
[1] El Grupo de Trabajo sobre la Justicia, Justicia para Todos – El informe del Grupo de Trabajo sobre Justicia: versión de conferencia (New York: Center on International Cooperation, 2019), disponible en https://www.justice.sdg16.plus/. Ver: https://cic.nyu.edu/wp-content/uploads/2023/06/6c192f_13a9603a56204790905377be01f5314e-1.pdf
[2] La Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico forma parte de la Grassroots Justice Network, una red global convocada por Namati que reúne a más de 12.000 personas y 3.000 organizaciones que trabajan junto a personas, colectivos y comunidades para que conozcan, usen y (trans)formen el derecho.
[3] Las organizaciones que conforman el Consejo Estratégico son: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, Argentina), Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS, Guatemala), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México), Corporación ECOLEX (Ecuador), Documenta (México), EQUIS – Justicia para las mujeres (México), Fundación Construir (Bolivia), Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES, El Salvador), Iniciativa de los Derechos de la Mujer (IDM, Guatemala), Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD, Brasil), Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA, Colombia), ONG FIMA (Chile), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC, México), Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos (Brasil).