Nuestra organización trabaja en Colombia en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sus familias. Surge como respuesta a las condiciones estructurales de vulneración en los establecimientos penitenciarios, y se enfoca en promover el acceso a la justicia y el empoderamiento jurídico de las comunidades afectadas.

 

Desarrollamos procesos de acompañamiento integral que incluyen orientación jurídica, formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad, así como la elaboración de acciones legales como derechos de petición y acciones de tutela. Asimismo, documentamos de manera sistemática las vulneraciones de derechos fundamentales, con el fin de sustentar procesos de incidencia ante entidades como el INPEC, la USPEC y otras autoridades competentes.

 

Nuestra labor también se orienta a la transformación de problemáticas estructurales como el acceso al agua potable, la alimentación digna, la atención en salud y las condiciones de habitabilidad en los centros penitenciarios. Para ello, articulamos acciones colectivas, fortalecemos capacidades comunitarias y promovemos el diálogo institucional.

 

Creemos en la dignidad humana como un principio inquebrantable, incluso en contextos de reclusión, y trabajamos para que los derechos no se suspendan con la libertad, sino que sean garantizados de manera efectiva.