Desde 2023, Namati ha acompañado a tres organizaciones —ACIJ (Argentina), FIMA (Chile) y ProDESC (México)— para tejer un proceso colectivo que ponga el empoderamiento jurídico al servicio de las comunidades que defienden sus territorios. Nos reunimos en Buenos Aires, Argentina (2023), Magallanes, Chile (2024) y Mérida, México (2025), con una certeza compartida: la justicia ambiental no se decreta desde arriba, se construye desde abajo con organización, memoria y estrategia.
Durante estos tres años de investigación-acción participativa (Participatory Action Research), nos hicimos muchas preguntas:
Las tres organizaciones coinciden: el derecho es una herramienta, no un fin en sí mismo. A veces ayuda a detener megaproyectos. A veces ordena al Estado proteger. Pero otras veces llega tarde, no se implementa o directamente falla. Lo importante es cómo las comunidades lo hacen propio, lo adaptan y lo integran a sus estrategias organizativas.
En Magallanes, una defensora lo dijo claro: “No se trata solo de ganar un juicio, sino de seguir viviendo en nuestros territorios sin miedo.”
Cartografías, reglamentos ejidales, radios comunitarias, encuestas, protocolos de seguridad, archivos orales, procesos de formación entre pares. Estos no son productos; son procesos vivos que surgen de las necesidades locales. Herramientas que no vienen desde afuera, sino que se construyen con las comunidades, en sus lenguas, desde sus saberes.
En Mérida, escuchamos cómo las mujeres mayas están creando espacios para formar a otras lideresas. En Magallanes, conocimos el trabajo de FIMA con comunidades Kawésqar que construyen evidencia sobre los impactos de la salmonicultura. En Buenos Aires, líderes barriales relatan cómo utilizaron una causa judicial de décadas para visibilizar su historia de resistencia.
Sin comunidad no hay defensa sostenible. Los encuentros regionales mostraron que lo jurídico no puede ir por un carril separado: necesita del tejido colectivo, de la confianza, del trabajo político sostenido. Los litigios estratégicos, por sí solos, no transforman realidades.
También aprendimos que los procesos comunitarios llevan sus propios tiempos; tienen contradicciones y no son lineales. Por eso, la flexibilidad, la escucha y el cuidado son claves. El empoderamiento jurídico no es un kit de herramientas, es una apuesta por la transformación desde abajo.
En cada encuentro, las mujeres y diversidades levantaron la voz para recordarnos que la defensa del territorio también es una defensa del cuerpo, del tiempo, de la vida cotidiana. Las estrategias deben integrar el cuidado, la seguridad integral, la memoria y el derecho a participar en igualdad.
Desde Yucatán hasta Buenos Aires, escuchamos historias de defensoras criminalizadas, excluidas o sobrecargadas. También escuchamos sus propuestas para transformar los espacios organizativos y las herramientas jurídicas en algo más justo y colectivo.
En los tres países, enfrentamos el mismo dilema: recolectamos datos, documentos, experiencias, pero ¿cómo sistematizamos estas experiencias sin caer en el extractivismo epistemológico? ¿Cómo las devolvemos a las comunidades? Sistematizar es un acto político, una forma de hacer circular el conocimiento en los territorios. Ya sea a través de una radio, taller o mural, el proceso y producto final importan. Este proceso debe ser útil, apropiable y respetuoso. En Chile, por ejemplo, FIMA está actualmente trabajando en una guía de empoderamiento jurídico para territorios y comunidades.
En un mundo donde el extractivismo se disfraza de verde, donde las defensoras son criminalizadas y donde los territorios se fragmentan, necesitamos más que nunca procesos regionales, cuidados feministas y comunitarios.
La defensa del territorio no se hace sola ni rápido. Necesitamos estar juntas, escucharnos y recordar que estamos construyendo algo más grande que una estrategia jurídica: estamos construyendo comunidad.
