12 de marzo de 2024
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En esta entrevista tuvimos la oportunidad de conversar con Macarena Martinic, Coordinadora del Área de Empoderamiento y Participación Pública de la organización Fiscalía del Medio Ambiente (ONG FIMA), sobre el trabajo de investigación acción participativa que han venido realizando desde 2023, los aprendizajes, y cómo esperan transformar la investigación en acciones concretas que beneficien los procesos de defensa territorial y ambiental de las comunidades indígenas y organizaciones de sociedad civil a quienes acompañan, así como el accionar de ONG FIMA y su impacto sobre políticas y normativas.
Desde hace años, ONG FIMA viene trabajando con estrategias de empoderamiento jurídico junto a las familias Kawésqar que defienden el mar y organizaciones de sociedad civil locales, afectadas por la industria de la salmonicultura en la región de Magallanes en Chile. En este momento, la organización está evaluando cómo replicar estas estrategias para responder ante nuevas amenazas que se presentan en la región, como la expansión de la industria del hidrógeno verde.
Nuestra conversación se centró en primera instancia en las acciones de investigación acción que ONG FIMA está desarrollando con el objetivo de mejorar su práctica y su trabajo de acompañamiento. En la conversación hacemos referencia a un manual de uso interno, que recoge la sistematización de las herramientas de empoderamiento jurídico que ha venido desarrollando la organización a lo largo de los últimos años, y un manual de uso externo, que ha servido a la organización para entender el impacto de su trabajo por la defensa del territorio con las Comunidades Kawésqar que defienden el mar y las organizaciones de sociedad civil de la región, y que está en instancias de validación.
En segunda instancia, conversamos sobre los procesos de incidencia política en los que ha estado involucrada la organización en la región, y espera estarlo durante el 2024. Macarena nos cuenta sobre el tipo de productos y acciones que se han tomado para incidir en estos procesos, y los impactos que ella espera que se puedan generar de estos esfuerzos en el corto y mediano plazo. Específicamente sobre los procesos de incidencia, hablamos de:
Para terminar, le pedimos a Macarena reflexionar sobre la experiencia en general de llevar a cabo el proyecto de investigación de acción participativa, las lecciones aprendidas de este proceso, y repercusiones sobre el trabajo de ONG FIMA.
Estamos sistematizando las herramientas de empoderamiento jurídico que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años y el impacto que han tenido, con la idea de desarrollar un manual interno. Tenemos una metodología para recopilar información que estamos recién empezando a implementar, que contempla entrevistas con integrantes de ONG FIMA, que ya hemos hecho un par. Quedan todavía otras más que son grupos focales con el equipo de empoderamiento jurídico, y sistematización de todas las acciones legales, jurídicas y administrativas y acciones que hemos hecho con las comunidades.
En 2023 desarrollamos un manual externo sobre la experiencia de empoderamiento jurídico en Magallanes. Este último nos sirve para recoger información preliminar como las entrevistas con las mujeres defensoras, tanto las lideresas Kawésqar, como de mujeres que provienen de las organizaciones de la sociedad civil, y también los grupos focales con las comunidades Kawésqar. Esta es información que ya está recogida y nos sirve.
Bueno, por un lado es tratar de entender el rol que tiene ONG FIMA dentro de los procesos de empoderamiento jurídico que tienen por objeto defender el territorio. Entender en qué medida ONG FIMA contribuye y no contribuye. Queremos incorporar este conocimiento en la manera en que trabajamos. Reconocer nuestros límites. Porque también lo que queremos hacer es poder incorporar este conocimiento en la manera en que trabajamos también con las comunidades. Entonces reconocer qué prácticas no nos son útiles.
También queremos entender dónde está el límite de la vía jurídica o del acompañamiento jurídico, y en dónde los procesos territoriales pueden ser alimentados también por otras vías u otras formas de trabajo donde no está ONG FIMA, pero que tal vez podemos contribuir generando redes desde un inicio o colaborando con otras organizaciones.
Por otro lado, está también el tema de las herramientas que se han utilizado. ¿Qué herramientas les sirven más a las comunidades para el territorio? ¿Y, cuáles no? ¿Y también qué prácticas en torno a estas herramientas son más exitosas? Para nosotros hay una práctica asentada de una determinada manera de enseñar o de entregar estas herramientas. La pregunta es: ¿En qué medida esa práctica les ha servido a las comunidades?
En el informe (manual externo) que ya está listo y se puede descargar aquí, el que reúne las entrevistas y grupos focales, los resultados que ya hemos visto es que el trabajo de ONG FIMA es un apoyo esencial sobre mujeres Kawésqar y que tiene un impacto más allá de los procesos que sostenemos. El proceso de empoderamiento jurídico les ha servido incluso para procesos más personales y relación con las instituciones del Estado. Sí les sirve y nuestro trabajo no es en vano.
También de los resultados preliminares que nos están sirviendo ya para la acción tiene que ver con la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el litigio estratégico. Entonces, esas herramientas de empoderamiento movilizan muchas cosas. Y es una de las cosas que estamos poniendo en práctica ahora con el Panel Ciudadano de Hidrógeno en Magallanes.
Además, una cosa importante que me encantaría dejar documentada tiene que ver con la creación de la nueva área de empoderamiento y participación pública en ONG FIMA que se va a nutrir de este producto [manual] interno. Esto también tiene que ver con el nivel organizacional. Hemos estado mucho más conscientes del componente jurídico que realizamos, y ahí estamos haciendo un trabajo mucho más profundo en torno a considerar a quién tenemos al frente, quién está siendo el receptor de este empoderamiento jurídico.
Es algo que nos hemos cuestionado más de una vez y lo hemos conversado en las reuniones de proyecto. A priori, no queremos comprometernos con difundir los resultados porque no sabemos cuáles van a ser los resultados y no sabemos si es que ahí vamos a reunir información sensible o no. No sabemos si vamos a reunir una experticia que queremos todavía seguir trabajando antes de difundir.
Pero no nos cerramos a, por ejemplo, elaborar otro tipo de productos a partir de esto. Tal vez infografías que detallan algunos aspectos del manual para dar a conocer nuestros aprendizajes a otras comunidades y otras organizaciones que les puedan hacer bien. Una nota o una columna. Pero con respecto al resultado del producto en sí mismo, tenemos que esperar a ver los resultados.
A nivel organizacional queremos armar una metodología de recepción con todas las áreas de ONG FIMA. Usar grupos focales/o retroalimentación sobre este manual. Ver como cada área de ONG FIMA puede recepcionar este manual, y como quizás a final de año se pueda hacer un seguimiento. Esta segunda parte la vamos a pensar en abril.
Nuestro público objetivo son comunidades y organizaciones que trabajan con comunidades en la región o fuera de la región. La idea es que pueda alimentar los procesos de defensa territorial o alimentar el trabajo de organizaciones que trabajan con estos procesos de defensa territorial.
Tenemos una actividad planeada para mayo en la que las distintas comunidades y organizaciones van a estar compartiendo herramientas que les han servido hasta ahora y nosotros esperamos poder compartir también con estos manuales.
El lanzamiento de este informe está también pensado para que vaya a otras comunidades que trabajan en procesos de defensa para que puedan conocer este enfoque y estas herramientas. Y probablemente este informe se dará a conocer en otros proyectos y en otras comunidades con las que trabajamos de aquí en lo sucesivo del trabajo de ONG FIMA, para que se pueda conocer esta experiencia y esta forma de trabajo.
[Añadido en septiembre de 2024: Además del informe, ONG FIMA también desarrolló un podcast llamado “Resistencia comunitaria frente a la salmonicultura en Magallanes”, donde se comparten historias de vida y perspectivas de mujeres defensoras ambientales de Magallanes. El podcast se puede escuchar aquí.]
Del manual interno, yo espero dos cosas. La primera es que el empoderamiento jurídico se pueda incorporar como un enfoque transversal en todas las áreas de ONG FIMA, y que nos ayude como área de empoderamiento y participación pública, que es algo que no estaba al inicio del proyecto, que es poder cumplir esta misión que tenemos de contribuir y fortalecer los procesos de empoderamiento jurídico que hacen las otras áreas.
El tercer año de este proyecto está pensado para testear este manual con otras comunidades, entonces ahí el ideal sería iniciar un proceso de empoderamiento jurídico con otras comunidades en otro conflicto. No sé si en otra región o ahí mismo en Magallanes y poder también hacerle un poco de seguimiento a la metodología propuesta en este manual o las herramientas que tal vez surgirían en este manual. El impacto ideal sería que otra comunidad pueda recepcionar esta forma de trabajo e iniciar un proceso de empoderamiento jurídico, ya conociendo desde el inicio también cuál es este enfoque.
También entre nosotras, o sea nosotras como ONG FIMA, pero con una comunidad que ya está mucho más consciente de que van a iniciar este proceso de empoderamiento jurídico y que van a abordar su defensa territorial con nosotras desde este aspecto, que es algo que nosotras nunca hemos hecho.
Y hacia otras organizaciones en Chile que puedan incorporar esta forma de trabajo sería algo súper positivo. No sé cómo se vaya a dar esto. Si va a ser a través de redes sociales, no sé si alguna se vaya a acercar con alguna duda, o vaya a haber una especie de mentoría de ONG FIMA. También sería muy bonito, pero no estaba puesto en el proyecto.
Y más allá de todo, si alguien, algún tomador de decisiones empieza a hablar de empoderamiento jurídico, ahí ya me retiro y todo.
Pero sí, fuera de chiste, no es tan loco tampoco pensarlo porque tenemos al Ministerio de Justicia como encargado de la línea de la COMJIB, que ya incorporó empoderamiento jurídico dentro del Convenio Iberoamericano por el Acceso a la Justicia. Entonces, podría ser.
Desde aproximadamente el año 2020, el debate público sobre la transición energética en Chile incluye una arista hasta antes, poco explorada: el potencial del país para convertirse en un líder de la generación y exportación de “hidrógeno verde” (H2V), a saber, hidrógeno industrial generado a partir de un proceso de electrólisis que use exclusivamente energías renovables. La instalación de esta industria ha implicado un choque de narrativas, mientras que para un sector el H2V es fundamental para lograr la transición energética en Chile, para otros implica un desvío de las estrategias climáticas y energéticas a las que nuestro país se ha comprometido en los últimos años, y que pareciera alejarse de los anhelos de justicia ambiental y climática que demandan dichas agendas en primer lugar. A nivel local, las noticias relativas a esta industria se han traducido en una tremenda incertidumbre territorial sobre las consecuencias que implica poner en marcha esta industria.
Sin embargo, la narrativa adoptada para impulsar esta industria no es lo único problemático, sino la escala de lo que se planea. A propósito de uno de los estudios realizados por el Ministerio de Energía para calcular el potencial eólico de la región de Magallanes, se señaló que, solo en dicha región, se podría producir el 13% de la demanda mundial de H2V, pudiendo generar 7 más que la generación actual de toda la matriz eléctrica nacional.
ONG FIMA lleva desde el año 2016 apoyando procesos de empoderamiento jurídico y de defensa territorial en la región de Magallanes. A partir de ese trabajo, es que nos encontramos apoyando a comunidades con las que ya hemos trabajado -y nuevos actores de la región- a enfrentar las principales riesgos del despliegue acelerado de esta industria: impactos sinérgicos significativos a partir de la concentración de diversos proyectos en un mismo territorio, cada uno con una amplia cadena de valor que considera (desalinización, generación, electrólisis, almacenamiento, transporte y, exportación vía puertos). Todo ello, en un contexto de regulación insuficiente y desactualizada para la evaluación y abordamiento de impactos ambientales, limitado acceso a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones asociadas a la industria, y una ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial en las regiones priorizadas, particularmente en las zonas rurales en donde se proyecta la instalación de la infraestructura.
En este contexto, estamos trabajando con el Panel Ciudadano de Hidrógeno en Magallanes, que es una iniciativa de organización ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil en la región de Magallanes. El objetivo es fiscalizar y hacer propuestas en torno a la instalación de la industria del hidrógeno en Magallanes. Esta coalición de personas y organizaciones que se forma en Magallanes no es una organización propiamente, no están constituidos de esa manera.
Nosotros como ONG FIMA somos invitados a este panel como asesores. En ese rol nosotros trabajamos tanto desde el empoderamiento jurídico como colaborando en las acciones de incidencia directamente. Nuestra principal función es asistir a reuniones periódicas una vez al mes. Ahí, cuando el panel ofrece algo que tiene un aspecto jurídico, es ONG FIMA el que les hace asesorías a ellos y después hacemos asesorías como un conjunto hacia afuera.
Junto con el Panel Ciudadano se realizaron observaciones al plan de Acción Nacional de Hidrógeno Verde, que es una consulta pública que se abrió y a la que nosotros contribuimos. Estas observaciones ya se hicieron en enero de este año [2024] y se compartieron con el Ministerio de Energía, si no me equivoco, que fue quien abrió la consulta.
El objetivo es insistir que en esta política nacional de hidrógeno verde sean consideradas las comunidades afectadas por la industria, que se consideren lineamientos de ordenamiento territorial, que se consideren más espacios de participación en la definición de la industria, y que se considere la consulta indígena pensando en los proyectos que se han instalado de hidrógeno verde. También observamos cómo aplican lineamientos del Acuerdo Escazú en la política, entonces tenemos una expectativa de que se consideren más los estándares del Acuerdo. Aunque hay que aclarar que esta no es una consulta pública vinculante, pero la idea es que las autoridades tienen que considerar lo que se dijo en las observaciones. Nosotras le haremos seguimiento mandando solicitudes de acceso a información.
En nuestro rol de asesoría al Panel Ciudadano también estamos trabajando en acercar herramientas jurídicas a partir de la información que hemos recabado de cuáles son las que más sirven y las que no. Por ejemplo, en los últimos meses realizamos un taller sobre la presentación de observaciones ciudadanas a proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí nuestro rol fue explicar cómo se hacen estas observaciones (en base a la experiencia de presentar observaciones a proyectos vinculados a la salmonicultura) y aplicarlo al caso de nuevos proyectos de hidrógeno que están ingresando ahora, como es el caso del proyecto de “Cabo Negro”. Este taller fue muy bien recibido, y muestra de ello es que el proceso de participación pública para este proyecto cerró el 24 de enero con 288 observaciones ciudadanas de 42 personas de la sociedad civil.
Desde ONG FIMA hemos desarrollado un apunte de política ambiental que construye sobre lo que escribimos para las observaciones realizadas con el Panel Ciudadano al plan de Acción Nacional de Hidrógeno Verde, pero es más detallado y profundo. En ese sentido, también recoge las experiencias y narrativas de quienes conforman el Panel Ciudadano y nuestro propio análisis normativo para discutir por ejemplo si el hidrógeno verde forma parte de la transición energética en Magallanes o no.
Para estos apuntes el público es más ambiguo porque nosotros los difundimos ampliamente por nuestras redes sociales. A nivel nacional en general, quienes ven nuestras redes sociales son organizaciones ambientales, organizaciones locales, y ciudadanía. Hay tomadores de decisiones involucrados también. Igual nosotros estamos teniendo reuniones de lobby y la idea es que ahí podamos compartir los apuntes también.
Una de las narrativas que nos parece más importante que ha salido sobre el hidrógeno verde es si esto es una medida de transición energética como se ha propuesto, y realmente no es Magallanes el que está transicionando energéticamente, ni Chile tampoco, sino que es simplemente esto un crecimiento productivo. Ahí una meta es usar esta contra narrativa para empezar a pelear discursivamente la narrativa hegemónica de la transición energética y el hidrógeno verde que han sido impulsadas sobre todo por el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, y el gobierno regional de Magallanes.
Un encuentro en persona en mayo de este año que ONG FIMA organiza. Lo tenemos pensado como un encuentro en el que invitamos a diferentes organizaciones para compartir experiencias. Nosotros vamos a presentar el proceso de empoderamiento jurídico como una herramienta, y el Panel Ciudadano también va a intercambiar algo sobre lo que les ha servido. Entonces, lo que estamos pensando es que puede salir un producto de los registros del encuentro y de entrevistas que nos gustaría grabar de los participantes. Usar eso para poder sistematizar o armar algo sobre las herramientas que se vayan a compartir. También nos gustaría sacar de este encuentro un análisis de lo que tienen en común las distintas industrias en la región de Magallanes.
Uno de los objetivos es dar a conocer nuestra herramienta de empoderamiento jurídico, y que otras organizaciones que están trabajando en el territorio frente a otras amenazas la pueden incorporar también dentro de su trabajo y conozca la experiencia de la salmonicultura. Otro objetivo es el intercambio de herramientas entre organizaciones del territorio que están enfrentando distintas amenazas. Finalmente, un resultado más grande es llevar a cabo esta reflexión de identificar cuáles son los puntos comunes entre las distintas amenazas que han ido pasando en Magallanes. Porque hay una percepción de que Magallanes es foco de la instalación de industrias que se van testeando en Chile. Como en su momento lo fue la ganadería, fue después así con el carbón, fue después con la salmonicultura y lo mismo ahora con el hidrógeno verde. Entonces, es poder reconocer que estamos compartiendo herramientas porque estamos siendo este territorio que es foco de la instalación de industria y como ciudadanos discutimos la manera de enfrentarlo. Queremos tener presente también el Acuerdo de Escazú. Hay otras organizaciones que lo han usado más, hay una organización que está empezando a meterse en el tema de empresas y derechos humanos con las que estamos trabajando. Entonces, va a ser compartir mucha información, pero la idea es darle ese relato común de estamos en Magallanes y por esto y venimos de distintas partes a enfrentar distintas amenazas.
El proceso de zonificación en Magallanes lo que hace es decidir usos en el territorio. Quien lidera eso es el Gobierno regional. Ellos tienen que hacer ahora una propuesta que ya hicieron que va al Ministerio de Medio Ambiente, quien está haciendo la evaluación ambiental estratégica. El año pasado hicieron talleres para definir usos y compatibilidad. Ahora se va a venir otro pedido de consulta pública en el que vamos a tener conocimiento de qué se dijo por parte del gobierno regional respecto al informe de usos y esperamos poder tener incidencia.
Por otro lado, la política nacional de uso del borde costero es un instrumento indicativo con lineamientos a nivel nacional general sobre los usos de los bordes costeros. Nosotros hicimos observaciones en febrero para esa política que no sé cuándo va a estar lista y se va a compartir.
Hay muchos productos. Sacamos una columna, en su momento hicimos acompañamiento a las comunidades Kawésqar, hicimos talleres con la comunidad, tuvimos reuniones de lobby en las que planteamos nuestras peticiones, mandamos observaciones sobre la política nacional y la zonificación regional.
En este proceso, que de hecho no lo esperábamos, las observaciones que se realizaron fueron a partir de la información que levantamos para el producto para el manual externo. Sobre todo, la cartografía participativa y los grupos focales. También hicimos observaciones a la política nacional de uso del borde costero con toda la información que habíamos levantado en este proceso.
De ahí han salido reflexiones interesantes con las comunidades a partir de estas reuniones que nosotros hemos hecho y a partir de la asistencia de conocer la necesidad que haya una consulta indígena. La necesidad de que los usos propuestos sean efectivamente considerados porque nos fuimos dando cuenta en el camino y en la reunión de lobby que hicimos con el gobernador regional, que ellos no veían esto como un proceso vinculante.
En los dos casos hay una fuerte necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial para usarlo como herramienta para enfrentar las industrias. Porque el ordenamiento territorial puede determinar qué se puede y qué no se puede hacer, lo que puede incidir sobre la amenaza de la salmonicultura y la amenaza del hidrógeno verde.
Lo que hemos sostenido y queremos sostener con nuestros productos es la falta de un ordenamiento territorial acá que nos diga qué lugares son de conservación, en qué lugares se puede producir, de qué manera, cuáles son los usos reforzados para las comunidades indígenas, cuáles son los límites ahí. Entonces, el ordenamiento territorial es algo que está detrás de las amenazas que hay en la región. No hay una planificación del territorio. También tenemos la expectativa que las realidades de las comunidades Kawésqar sean consideradas en estos procesos de planificación, que sus voces sean consideradas, que se abra un espacio de consulta indígena. Una de nuestras consignas o peticiones es que se consideren las ECMPO (Espacios Costeros de Pueblos Originarios) en el ordenamiento territorial.
Esperamos que el Acuerdo sea una herramienta más que se presente en el encuentro en mayo. También estuvimos haciendo con cabildos en Magallanes para que las personas hicieran observaciones al plan de implementación del Acuerdo de Escazú. Y lo hicimos en conjunto con el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos). Entonces, la idea es que tal vez ellos presenten los acuerdos en este encuentro. Pero eso está en evaluación porque tenemos mucho ya.
El Acuerdo de Escazú nos sirvió mucho para hacer observaciones al plan de hidrógeno verde, y ruta en general para las acciones de incidencia. Como producto en sí, podría ser un apunte también de política ambiental, de cómo el Acuerdo o los estándares del Acuerdo tienen que ser considerados, pensando como una oportunidad de poner los estándares de comunidades que están recibiendo en general todas las cargas ambientales, para poner como un mínimo básico en la toma de decisiones a nivel territorial.
La verdad es que ha sido un desafío muy grande porque nosotros no habíamos investigado incluyendo a las comunidades desde el inicio de la investigación. Y no nos habíamos relacionado tampoco con las comunidades a través de la investigación. Sino que nuestro vínculo para nosotros era mucho más fácil. Porque nosotros siempre teníamos un producto muy bueno, por así decirlo; ofrecerles asesoría jurídica gratuita. Ahora con la investigación ha sido un poco cambiar nuestra forma en la que nos hemos vinculado a ellas, para bien.
Hay muchas prevenciones que tenemos que tener y muchas consideraciones del trabajo en términos horizontales con las comunidades que hemos tenido que plantear, porque la verdad es que reconocemos que una relación en torno a la asesoría jurídica, por muy horizontal que sea y por muy horizontal que la planteamos, nunca va a ser totalmente simétrica, porque siempre somos nosotros los abogados los que llevan a cabo la estrategia jurídica. Con la investigación, tú estás tomando de su tiempo gratuito para resultados que ellas no necesariamente están proyectando en ese momento, y que tampoco tienen certeza de si va a dar frutos para su defensa territorial.
Entonces, esta experiencia fue súper buena para poder plantear otras investigaciones para nuestra área de estudios. No ha sido fácil, la verdad yo que estaba acostumbrada a trabajar desde otro vínculo. El objetivo es identificar cómo la investigación es para ellas, también con ellas, y cómo las integramos desde el principio. Creo que sí les quita mucho tiempo a ellas, más tiempo que el que nosotros les quitamos en el fondo con las asesorías jurídicas y eso también supone un desafío, por eso también yo no haría investigación acción con todos los vínculos que tenemos nosotros con todas las comunidades. Pero para nosotros, profundizó el trabajo de una manera impresionante en Magallanes. El estar generando una reflexión previa de hacia dónde vamos y no estar respondiendo todo el rato a la contingencia. Profundizó nuestro trabajo de una manera muy fuerte en el territorio, entonces, vale, vale muchísimo la pena.