30 de septiembre de 2024
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En esta entrevista tuvimos la oportunidad de conversar con Lautaro Costantini, Coordinador Institucional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), sobre el trabajo de investigación acción participativa que vienen desarrollando. Hablamos sobre los aprendizajes obtenidos y cómo esperan transformar esta investigación en acciones concretas que beneficien los procesos de defensa territorial y de derechos de las comunidades ejidales de Chichén Itzá y Chichankanab, así como de otras comunidades a las que acompañan. También hablamos de cómo la evidencia generada en el proyecto puede apoyar el trabajo de incidencia de ProDESC en las políticas y normativas en materia ambiental.
Desde hace años, ProDESC viene trabajando con comunidades ejidales en México que se amparan bajo la Ley Agraria y otras normativas relevantes. Se trata de comunidades que hacen frente al despojo de sus tierras por parte de actores privados y públicos, bajo un amplio espectro de narrativas como el desarrollo, la supuesta transición hacia una energía verde, el turismo y “ecoturismo” o el “interés público”.
Nuestra conversación se centró primeramente en el acompañamiento que ProDESC realiza a los ejidos de Chichankanab, y la evidencia que se ha ido generando en ese marco. Luego conversamos sobre el acompañamiento de ProDESC a comunidades en Chichén Itzá y la información que se está recolectando y generando. Finalmente, hablamos sobre los esfuerzos de sistematización de su trabajo de acompañamiento a la comunidad de Unión Hidalgo, y cómo este ejercicio puede ayudarles a mejorar su práctica.
El trabajo en la Laguna de Chichankanab se enfoca en el método de defensa integral que aplica ProDESC, que a grandísimos rasgos está compuesto de 6 grandes componentes: litigio estratégico, incidencia, análisis de información clave, comunicación estratégica, fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento de sujetos o grupos colectivos. ProDESC, como es una organización feminista, también trabaja con la perspectiva de género y con la interseccionalidad. Tenemos trabajo específico con mujeres dentro de las comunidades y también tenemos un enfoque de rendición de cuentas empresarial que en este caso ahora estamos analizando de manera más detallada.
El contexto en el que están las comunidades en general en la Península de Yucatán es complejo por una serie de situaciones. Uno es el crecimiento de megaproyectos tanto públicos como privados enfocados al turismo, generalmente turismo extranjero. También una segunda cuestión importante y muy relevante para la región es la construcción de mega granjas porcícolas, avícolas, también con un impacto muy importante en la región. Una parte muy importante también es por ejemplo la creación de granjas de abejas, hay toda una cuestión con el cuidado de las abejas y el uso de soja transgénica. Una tercera que tiene que ver con las características particulares y geológicas de la Península del Yucatán, que es que al ser una región con una tierra cárstica, está llena de cenotes, es muy porosa, y eso hace que la contaminación llegue prácticamente a toda la península. Y otra cosa que hemos detectado mucho en la región es el bien inmobiliario, que se da mucho por la migración, particularmente interna, desde el centro y el norte hacia la península de Yucatán por considerarse que es un espacio relativamente seguro en comparación con otras partes del país. Estos elementos lo que hacen es generar el caldo perfecto para el despojo de la tierra y del territorio de comunidades indígenas. Y un quinto que agregaría como una cosa particular para la región es que la península de Yucatán está dividida en tres estados o provincias: Campeche, Yucatán misma y Quintana Roo. En esos tres estados la propiedad de la tierra agraria por parte de las mujeres es la más baja de todo el país. Entonces ahí se suma también una complejidad adicional para el trabajo que estamos haciendo en ProDESC.
En el marco de este acompañamiento, y hablando de recolección de información y generación de evidencia señalaría los siguientes mecanismos o estrategias:
En cuanto a la georeferenciación ahí se tiene que ir al Registro Agrario Nacional, que es quien tiene la documentación, digamos, final u oficial de los límites territoriales de cada uno de los ejidos. Y ese levantamiento es el que después se georeferencia para hacer el mapa. Eso después se comparó con la georeferenciación o los puntos de referencia de la Área Natural Protegida (ANP) propuesta. Se hizo el traslape de la información y eso fue lo que se presentó con los colegas en las cinco comunidades. Afortunadamente, digo, en este caso en concreto no hubo discrepancia entre lo que las comunidades argumentan que es su tierra y lo que el Registro Agrario Nacional argumenta que es su tierra. Eso nos pasó en otra comunidad con la que habíamos trabajado y esos temas son siempre muy complicados. La delimitación clara de las comunidades es siempre un tema creo que pendiente en México. Entonces, con base en eso se hicieron esos levantamientos. Pudimos ahí también en el mapa georeferenciar un proyecto maderable sostenible, que es un proyecto que la comunidad de Dziuché está haciendo con otra organización de la sociedad civil que se dedica a eso y fue quién nos contactó con la comunidad. Entonces pudimos presentar como un punto que sí se está buscando el desarrollo en las comunidades e incluso lo posicionamos con las otras comunidades, de si les quieren vender la idea de que esto es el desarrollo, pues ustedes tienen tierras, tienen recursos naturales, entonces pueden hacer sus propias actividades sostenibles, lo que sí creo que es importante mencionar es la búsqueda de un equilibrio entre lo que se puede explotar ahora, digamos, y los beneficios de las generaciones futuras, que ellos lo tienen muy en cuenta también, muy en cuenta. Cuando fui hablaban mucho sobre el interés que tienen de que los jóvenes eventualmente vuelvan a las comunidades o no se tengan que ir. Claramente hay un proceso de migración que creo que es mucho menor que en otros lugares que he podido ver, pero ellos sí que lo tienen muy en claro, que esa tierra tienen que cuidarla porque es de ellos. La cartografía insisto fue importante y después también nos sirvió para, junto con la parte técnica, argumentar en este amparo que hicimos contra la mega granja de los daños a la laguna a pesar de que pues había dos estados involucrados.
No es solamente identificar los límites de las comunidades sino que también cuando se traslapaba el mapa de la ANP propuesta, pues a la gente le entraba un sentido (y eso lo vi yo específicamente) de urgencia de decir “bueno, ¿qué hacemos para parar esto?”, que no es lo mismo que les venga la noticia de afuera, que no lo puedan ver, etc. Entonces, creo que el tema es la cartografía como un llamado a la acción. No es casualidad que la cartografía esté dentro del área de Procesos Organizativos en ProDESC, que es la que se encarga del fortalecimiento de las estructuras colectivas o sujetos colectivos. Entonces, la cartografía, estaba orientada a la movilización y el fortalecimiento de estos grupos y colectividades, que es lo que se logró en el caso de Chichankanab. Un segundo tema que creo que también es importante es que la cartografía logró la identidad colectiva de las cinco comunidades. Hasta ahora ninguna de las cinco comunidades ha decidido hacer negocio con la construcción de estos hoteles que estarían de alguna manera contaminando a la laguna. Siempre hemos dicho que si una comunidad cede o vende sus tierras a uno de estos proyectos pues las otras cuatro comunidades también se verán afectadas. Y después obviamente esas georeferenciaciones son importantes para presentar ante juzgados para decir que el ANP se traslapa con ejidos cuya demarcación territorial se da por un decreto presidencial en contra del decreto de la provincia o del estado donde se enmarcaba el ANP.
En la parte jurídica hay un análisis de información, tanto de búsqueda en los archivos del registro nacional, también la legislación obviamente, y pues también un trabajo de sensibilización con los operadores judiciales que creo que a veces pasa desapercibido, pero que pues sí es importante hacerlo.
¿Por qué es importante la actualización del padrón de ejidatarios? La Ley Agraria establece una serie de limitantes para la toma de decisiones en las asambleas, que son el órgano máximo de los ejidos. Para tomar decisiones, por lo general se necesita un 50% más uno de la asamblea presente. En algunas ocasiones y para algunas decisiones muy particulares se necesita una mayoría calificada que requiere en primera instancia de la participación de todos los ejidatarias y ejidatarios registrados. Lo que pasa es que evidentemente que los ejidatarios que fueron ejidatarios en 1970 pues ya murieron y eso hace que si no se actualiza ese padrón, queden como un número más, digamos, y eso imposibilita que las personas que siguen en el ejido puedan tomar las decisiones de manera más rápida puesto que el número, incluso contando a todas las personas vivas, pues no llega a lo que les refiere la ley. Frente a esto para nosotros era importante la actualización del padrón. Primero, para determinar realmente quién está vivo y quién no lo está, y por lo tanto tener una imagen más clara de quiénes están en el ejido y quiénes son los ejidatarios. Segundo, que también es importante, es el involucramiento de la comunidad para levantar el censo, puesto que ProDESC no lo puede hacer todos los días. Tercero, es que si identificamos que hay personas que digamos ya son mayores que pueden hacer su trámite de sucesión, pues que dejen sus derechos agrarios a otras personas más jóvenes, esperando en su mayoría que sean mujeres, que es lo que hemos tratado de hacer en Dziuché. Es un proceso mucho más burocrático, lamentablemente, de lo que debería ser. Eso hace que sea mucho más difícil su actualización.
Cuando hicimos la primera Asamblea de Formalidades Especiales (AFE), que es una asamblea específica en la cual el ejido puedo tomar ciertas decisiones como por ejemplo para qué se va a usar su tierra y su territorio, entre otras, ahí se requería un porcentaje determinado del padrón de ejidatarios que tenían que estar presentes y cuando llegamos la casa ejidal estaba repleta, no cabía ni un alma. Los propios colegas nos decían que hacía mucho que no tenían una reunión tan llena, pero era imposible llegar al quórum legal establecido (creo que de las 426 personas se logró reunir a 350, pero no fue lo suficiente para cumplir con el requisito legal). Entonces, en primera vuelta pues no pudimos hacerlo y tuvimos que hacerla en una segunda vuelta. Este es un ejemplo de cómo puede impactar en la toma de decisiones un padrón desactualizado. De los 21 procesos que tenemos abiertos ahora en vistas de sucesión, en 11 la sucesora va a ser la mujer y en 10 el sucesor va a ser un hombre. Es muy importante esto, tomando en cuenta que el estado de Quintana Roo es uno de los 3 donde las mujeres tienen menos acceso a la tierra y los derechos ejidales de todo México. La idea es que el proceso de actualización del censo sea más contínuo. En este primer paso desde ProDESC les apoyamos con todo, esperando que este sea un proceso que luego quede en la comunidad y se vaya dando.
Este análisis se usó en las acciones en contra de la instalación y desarrollo de una mega granja avícola. Ahí el proceso fue más interesante y más complejo, diría yo. Primero porque la granja está ubicada en otro estado, pero bueno, evidentemente ni las comunidades, ni los pueblos indígenas, ni la geología cabe de demarcaciones políticas impuestas por el ser humano. La mega granja está ubicada a 20km de la Laguna, pero está en el estado de Yucatán en vez de en el estado de Quintana Roo, pero detectamos que el drenaje del agua, digamos, cae incluso a 800 metros de la laguna, y bueno, justamente por las características geológicas del suelo, lo que argumentamos es que el daño hacia las comunidades sería irreparable y que no hay forma digamos de que esa agua no acabe eventualmente en la Laguna y para eso se hizo análisis de flujos de agua, que estaban en otros documentos, no los hizo ProDESC, pero eso fue lo que se argumentó con base en algunos estudios que entiendo que eran oficiales y verificados. También lo que se argumentó es que no había consentimiento por parte de las comunidades indígenas para llevar a cabo ese proyecto que les iba a afectar directamente aunque no fuera construído ni en sus comunidades ni incluso en su propio estado. El resultado es ambiguo por el momento. En un primer momento logramos esta suspensión provisional que fue muy importante para parar la construcción (la empresa estaba tratando de terminar lo antes posible la granja sabiendo que una suspensión era posible). Esa suspensión después entiendo que se revocó, nosotros metimos un recurso de revisión, entonces estamos en un proceso judicial digamos burocrático para verificar qué es lo que va a pasar con esa planta.
En su momento, el año pasado, habíamos pensado hacer una especie de encuentro regional para discutir estrategias de defensa en la península. No lo hicimos el año pasado y este año se dio el proceso electoral, entonces es complejo. Creo que vale la pena retomar esa idea. También sé que Fundación Ford, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo muy grande para coordinar en la región, entonces, se me ocurriría quizás algún espacio coordinado por la Fundación Ford donde sería interesante presentar este documento. Creo que este es un primer ámbito donde sería interesante socializar este documento. Creo que con las comunidades la socialización sería distinta. Ahí lo que se hace generalmente es recopilar con líneas del tiempo lo que se ha hecho (que creo que es lo que se hizo con el documento de sistematización). Usarlo como una herramienta para posicionar qué es lo que ha hecho la organización, qué es lo que ha aprendido e identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas.
En este caso, hubo un componente importante de investigación jurídica. Análisis de información, tanto de búsqueda en los archivos del registro nacional, también la legislación obviamente, y pues también un trabajo de sensibilización con los operadores judiciales que creo que a veces pasa desapercibido, pero que pues sí es importante hacerlo. Acercarle, no a los jueces, pero sí a los secretarios y secretarias de acuerdos los puntos de vista para que ellos puedan tomarlos en cuenta. Es lo que hacen siempre las otras partes y nosotros como organización y generalmente pues las comunidades no lo hacen. La primera parte que es la de archivos e histórica sé que ha sido un proceso muy interesante, un proceso muy complicado también, y entiendo que lo que hemos podido detectar en esa investigación histórica es la identificación de una familia en particular que es quién ha estado detrás de los negocios detrás de la zona arqueológica y que por lo tanto es la responsable de los despojos históricos a los que han sido sometidas las comunidades alrededor de la zona arqueológica. Y bueno la sensibilización con el Poder Judicial creo que siempre es importante. Cuando nosotros presentamos los documentos nosotros buscamos hablar con los secretarios de acuerdos, que son quienes hacen las propuestas de resolución y que suelen tener mucho poder porque los jueces generalmente no escriben, es decir, basan mucho su decisión en el análisis de la secretaría de acuerdos.
Además, realizamos un análisis histórico sobre los despojos que han sufrido las comunidades, y un análisis del ingreso monetario que se recibe en la zona arqueológica, que también es un buen argumento para decir “las comunidades están así, al gobierno le genera tanto dinero en entradas y ventas, y las comunidades no pueden acceder a la venta de sus recursos ni a la generación de sus servicios, a pesar de que se está ganando una millonada con esa zona”. En ese caso en particular, debido a la situación particular que se generó desde enero/febrero de 2024 probablemente el proceso de documentación y de sistematización pues sea bastante más lento que en Chichankanab. Lo que se argumentó, también cuando se habló con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue que justamente ellos están recibiendo elevadas cantidades solamente en concepto de entrada en una de las zonas más visitadas del país, y frente a eso el derecho de las comunidades de alrededor se ve violentado y cómo es contradictorio.
En términos estratégicos creemos que es un tema muy importante y es un tema que quedó fuera de las discusiones en este contexto en México. Para poner un poco de contexto y sobre el cual no soy experto, con la firma de los Acuerdos de San Andrés, que fueron resultado pues del levantamiento zapatista en México y la necesidad de buscar una fórmula para que el Estado mexicano reconociera los derechos de las personas indígenas, se habló entre algunos de los puntos de reconocimiento de la propiedad indígena como modelo de propiedad. Esto es importante porque el modelo de propiedad que se da a las comunidades en este momento pues deriva de la revolución mexicana en donde la lógica era “la tierra es de quién la trabaja”. La lógica de la tierra y la producción de la tierra estaban muy pegadas, y entonces hay toda una construcción de la propiedad agraria que está enfocada fundamentalmente en la producción de esas tierras. Mientras que la propiedad indígena, digamos, reconoce que evidentemente la producción de la tierra es importante, pero que esa propiedad va más allá de la concepción utilitarista o productivista de las tierras, sino que tiene que ver con cuestiones culturales que son mucho más difíciles de cuantificar. Sabemos que en algunos otros países se utiliza ese tipo de propiedad y la idea era posicionar la importancia de retomar los Acuerdos de San Andrés (que fueron firmados por el Estado mexicano) y empujar por un litigio estratégico que posicionara la idea de la propiedad indígena vinculado al caso de Chichén Itzá.
A todo esto se mezcló el contexto político nacional, que es la modificación del Artículo 2 (que da derechos a los pueblos indígenas y a las personas afrodescendientes) y ahí digamos hubo una victoria incremental, pero no se tocó el tema de la propiedad indígena. En su momento, el Comité de Expertos y Expertas en el marco de la modificación del Artículo 2, en el que participó nuestra directora Alejandra Ancheíta, lo mencionó como uno de los temas, pero finalmente la versión que el Poder Ejecutivo mandó al Poder Legislativo fue una versión bastante rebajada de esa proposición.
Lo que se ganó ahí con esa modificación del Artículo 2 fue el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho, que implica que se reconoce no solamente a los pueblos y personas indígenas, sino también a las comunidades. También se mencionan explícitamente varias cuestiones de género y de derecho al desarrollo para las mujeres, derecho a la educación, etc. La reforma es bastante integral, pero hubo un par de cosas que quedaron fuera. Insistimos en que es una buena reforma en términos incrementales. Alejandra Anchéita participó activamente en un proceso que duró casi 4 años, con muchas cosas de por medio. El proceso empezó a finales de 2019, se paró en 202 y se retomó en 2021 hasta este 2024.
La sistematización de los procesos es importante. Evidentemente, es una cosa que difícilmente se hace por parte de las organizaciones, porque no hay tiempo, porque no hay gente, porque hay gente que sale también, es decir, hay toda una cuestión incluso de pérdida de información, tal vez no estadística o documental, pero sí vivencial. En el caso de Unión Hidalgo, lo que logramos fue hacer esta sistematización en un muy buen momento que fue justamente cuando el acompañamiento más directo ya había terminado. Durante un tiempo hubo un ritmo muy acelerado que dificultaba también la sistematización, y además decíamos, “¿la sistematización para qué, si siguen pasando cosas?”. En el momento en el que finalmente el proyecto fue cancelado, pudimos tener ese espacio para sentarnos y recuperar información.
La sistematización la hicimos en algunos puntos específicos muy básicos: el contexto; cuál fue el trabajo que se hizo; algunos éxitos por cada una de las áreas y de los componentes del método de defensa integral; y algunas reflexiones a futuro. Creo que es un buen documento, y es un documento que nos sirve como memoria institucional (que difícilmente se tiene y no lo tenemos en otros casos).
Ya ha sido útil. Definitivamente algunas de las cosas que hemos hecho en el proyecto pues nos van a servir para próximos casos. Esta cuestión de las Asambleas de Formalidades Especiales (AFE) también fue muy importante. Antes no lo habíamos hecho, específicamente.
Primero, nos interesa seguir con estos análisis técnicos en cuestión de agua. Segundo, nos interesa también retomar todo este tema de las Asambleas de Formalidades Especiales (AFE) como una de las estrategias de defensa de los ejidos (antes no lo habíamos hecho específicamente). Tercero, nos interesa continuar esta discusión sobre la propiedad indígena.
Algo que aprendimos en este proyecto es el trabajo con las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer (UAIM), que fue un poco más complicado de lo que nosotros pensábamos, pero que es un proceso interesante, y que lo unimos también con otro proceso con las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA). Parece que hay bastantes CAMIA en muchas comunidades y son un actor con el que nunca nos habíamos involucrado hasta este momento.
Otra cosa interesante que nos comentaba nuestra gente de comunicación es que en un primer momento habíamos hablado mucho sobre la necesidad de tener volantes de información y carteles en español y en maya (porque el maya se usa muchísimo en la región), y después las propias comunidades, los colegas, nos dijeron “miren, nosotros usamos el maya, hablamos el maya, pero no leemos maya, no es idioma que usemos en la escritura sino más bien en el habla cotidiana”. Entonces, ahí fue donde decidimos enfocarnos en cuestiones de radio, en cuestiones orales, más que en carteles.
Por ahora, nos llevamos muchas enseñanzas y posibilidades de replicar cosas en otros proyectos.