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A finales de julio, al llegar a Buenos Aires para una semana llena de actividades con miembros de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, nos recibió un día frío y lluvioso. Tres días más tarde, una ola de calor llevó a Buenos Aires (y muchas otras partes de América del Sur) a temperaturas de calor extremas, en medio del invierno.
Los impactos de la crisis climática y la destrucción ambiental en Latinoamérica -y alrededor del mundo- son indiscutibles. Desde olas de calor y temperaturas extremas como las de Buenos Aires, escasez de agua, contaminación, deforestación, destrucción de ecosistemas, etc. Comunidades históricamente marginalizadas en la región, tales como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres y las niñas, y quienes habitan asentamientos informales sufren desproporcionadamente dichos impactos.
A pesar de ser las y los más afectados por la destrucción ambiental y el cambio climático, y ser guardianes de las tierras y recursos naturales de nuestra región, estas comunidades son continuamente excluidas de la toma de decisiones vinculadas a la gobernanza ambiental. Sus experiencias, conocimientos y prioridades son ignorados. Cuando actúan son acosadas, atacadas, criminalizadas e incluso asesinadas.
Con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y Global Affairs Canada (GAC), Namati y miembros de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico (Grassroots Justice Network) de Argentina, Chile y México nos embarcamos en un esfuerzo de aprendizaje colectivo multi-anual, con el objetivo de abordar las injusticias anteriores. ¿Cómo? Explorando de qué manera las estrategias de empoderamiento jurídico que ayudan a comunidades históricamente marginalizadas a conocer, usar y (trans)formar el derecho pueden ayudar a avanza cambios estructurales a los desafíos que presenta la justicia ambiental.
En la región de Magallanes, en Chile, ONG FIMA trabaja con comunidades indígenas Kawésqar y residentes urbanos que están resistiendo a la industria salmonera y sus impactos ambientales.
En México, ProDESC trabaja con comunidades agrarias e indígenas en la Península de Yucatán que están haciendo frente a la destrucción ambiental y amenazas de desposesión de sus tierras por parte de proyectos turísticos, productivos y de infraestructura pública.
En Argentina, ACIJ está trabajando junto a habitantes de asentamientos informales que viven en uno de los cauces más contaminados de la región (la cuenca Matanza-Riachuelo), y para quienes los impactos ambientales en sus barrios se han convertido en una amenaza de desplazamiento, o una oportunidad para acceder a la vivienda y servicios básicos.
Estos proyectos son parte de un esfuerzo más amplio dentro de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, conocido como la Agenda de Aprendizajes para el Empoderamiento Jurídico. Este esfuerzo colectivo se propone explorar las fronteras del campo del empoderamiento jurídico y generar aprendizajes sobre “qué funciona” en temas como la construcción de poder comunitario, la generación de cambios estructurales, la medición de impacto, y cómo mantenernos seguras y seguros mientras desempeñamos nuestro trabajo de empoderamiento jurídico. Los proyectos en Latinoamérica están conectados a un grupo más amplio de proyectos de investigación acción de distintos países en África y Asia.
Del 27 al 30 de julio, Namati y la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico reunieron a este grupo de proyectos de Latinoamérica en Buenos Aires, Argentina, para el primer encuentro en persona de un ciclo anual.
A continuación compartimos algunos aprendizajes e insumos emergentes.
Pese a las diferencias entre contextos, observamos una dinámica común de desplazamiento y desposesión motivada por intereses económicos escondidos bajo falsas pretensiones de proteger al medio ambiente y a las comunidades, así como bajo argumentos de “utilidad pública”.
En Argentina, altos niveles de contaminación unicación y plomo en sangre dieron lugar a un mandato original de relocalizar a habitantes de ciertos asentamientos a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo, en vez de a quienes son responsables de los impactos ambientales; las empresas instaladas en la cuenca. En la Península de Yucatán, en México, las autoridades, a instancias de empresas privadas, están recurriendo a las denominadas “áreas naturales protegidas” para desposeer a las comunidades de sus tierras y permitir su explotación por parte del sector turístico. En Chile, en la región de Magallanes, distinciones antojadizas entre “reservas naturales” y “parques naturales” permiten a la industria salmonera operar en las aguas del pueblo indígena Kawésqar, y contaminarlas.
Las organizaciones socias del proyecto están combinando estrategias innovadoras de empoderamiento jurídico para abordar estos desafíos.
Por ejemplo, en México están usando el litigio estratégico para parar los proyectos y ganar tiempo para la organización comunitaria. En Chile, están usando el litigio estratégico como mecanismo ejemplificador para las políticas públicas en la región, dar a conocer los impactos de la industria y generar mayor involucramiento por parte de las comunidades afectadas. En Argentina, donde la fallida implementación de una resolución histórica de la Corte Suprema está llevando a las y los miembros de la comunidad a percibir las estrategias legales como ineficientes, ACIJ y los residentes están optando por estrategias de incidencia y movilización comunitaria para ejercer presión sobre los tomadores de decisión. En los tres países, las organizaciones socias están trabajando en el fortalecimiento de capacidades y liderazgos de las comunidades, así como la identificación y prevención de posibles amenazas a sus tierras y recursos naturales. Al mismo tiempo, están dialogando con las comunidades sobre cómo hacer frente a narrativas hegemónicas que les encasillan como actores contra el desarrollo y el progreso.
Las mujeres cada vez más lideran los esfuerzos de defensa ambiental. Sin embargo, dicho liderazgo no siempre se traduce en tener voz en los espacios de toma de decisiones a causa de distintos tipos de barreras a la participación.
En Chile, las “Comunidades Kawésqar por la defensa del Mar”, con quienes FIMA trabaja están representadas principalmente por mujeres, quienes se han empoderado y ahora llevan a cabo sus propias acciones administrativas. En Argentina, la fuerza del movimiento feminista se refleja en el liderazgo barrial en los asentamientos donde ACIJ trabaja: la mayoría de los liderazgos son mujeres, quienes además también desempeñan otras tareas de cuidado para el barrio tales como distribuir agua o acoger un comedor comunitario. No obstante, lideresas y referentas en ambos contextos siguen enfrentando barreras a la participación pública. Se trata de barreras que afectan a todos los miembros de la comunidad, como por ejemplo, la falta de espacios de participación, la falta de información sobre los mismos, o las complejidades de la toma de decisiones en dichos espacios.
Por otro lado, en México, donde a fecha de 2020 “sólo 25.9% de las personas que poseen un certificado parcelario que las acredita como ejidatarias o comuneras son mujeres”, las mujeres continúan encontrando barreras para integrar organismos formales de toma de decisiones a nivel comunitario. Aún cuando tienen un rol de liderazgo en la comunidad, a menudo no pueden votar en las asambleas comunitarias agrarias, por ejemplo, al no tener títulos sobre sus tierras. ProDESC está trabajando para revertir esta situación a través de la revisión del censo comunitario y padrón ejidal para asegurar que los derechos de tenencia de la tierra pasen a las mujeres por sucesión de sus padres, de modo que las mismas se pueden ir integrando progresivamente como titulares de tierras y, consecuentemente, como miembros de los organismos de toma de decisiones comunitarios.
Las organizaciones están encontrando maneras de contrarrestar las narrativas hegemónicas en sus contextos, y de construir nuevas narrativas que dan voz a las demandas y aspiraciones de las comunidades.
En la Península de Yucatán, en México, ProDESC está trabajando con comunidades agrarias indígenas para contrarrestar narrativas dominantes impulsadas por intereses económicos que etiquetan a las comunidades como actores en contra del desarrollo turístico y económico de la zona. Para ello, las comunidades están construyendo sus propias narrativas sobre lo que el desarrollo y el progreso significa para ellas. En Chile, FIMA está haciendo frente a narrativas hegemónicas que abogan por las llamadas energías “verdes” (como el hidrógeno verde) como el futuro del país, a pesar de que estas continúan siendo incompatibles con la defensa ambiental. En un contexto con un gobierno progresista que por lo general apoya la justicia ambiental, FIMA está trabajando para garantizar que las políticas del gobierno no coopten o hagan un uso inacabado de conceptos como participación comunitaria, por ejemplo.
En Argentina, el desafío de ACIJ se encuentra en las narrativas comunitarias dentro de los mismos asentamientos informales. Dado que tras el mandato original de relocalización en Villa Inflamable estaban impactos ambientales como la contaminación, la comunidad asocia las problemáticas ambientales con el desplazamiento. El mandato fue revocado y la comunidad puede permanecer en la zona, evitando el desplazamiento. No obstante, como resultado de estas dinámicas, a pesar de que los residentes son conscientes de que no se está cumpliendo con su derecho a vivir en un ambiente sano, tampoco quieren demandar mejoras para el barrio vinculadas a esta temática por miedo a que dichas demandas les lleven a una nueva situación de desplazamiento.
¡Seguiremos compartiendo los aprendizajes emergentes de este grupo!