Ley para los pobres del mundo

Al editor:

Gary Haugen y Victor Boutros abogan convincentemente por un nuevo enfoque de tercera generación de los derechos humanos internacionales que se centre en la aplicación de las leyes a nivel de país.

Pero su afirmación de que ninguna organización de derechos humanos ni organismo gubernamental mide el éxito por su capacidad para implementar una aplicación efectiva de la ley en las comunidades locales del mundo en desarrollo es simplemente falsa. Donantes, instituciones multilaterales y organizaciones de la sociedad civil llevan más de una década apoyando la reforma judicial a nivel nacional.

En Bolivia, por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha invertido más de 20 millones de dólares desde 1998 en la reforma del sistema de justicia penal, incluyendo la creación de una defensoría pública. Esto ha resultado en una mejora en los plazos de tramitación de casos y en la reducción de los casos de prisión preventiva prolongada. USAID también contribuyó al establecimiento de centros de asesoría legal y mediación comunitaria que han ayudado a más de 150,000 personas en algunas de las zonas más pobres del país.

En el gobierno británico, el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) declaró en un libro blanco el año pasado que «el acceso a la seguridad y la justicia se considerará un servicio público esencial, al mismo nivel que la salud y la educación». El DFID se comprometió a triplicar su gasto en este ámbito, hasta alcanzar los 130 millones de libras (195 millones de dólares) anuales.

Fortalecer el Estado de derecho mediante la reforma del sistema judicial no es una ciencia exacta. Existen numerosos enfoques necesarios y complementarios, desde la capacitación de jueces en áreas complejas del derecho hasta la reformulación de constituciones deficientes y la prestación de servicios de asistencia jurídica a acusados ​​indigentes. Es fundamental empoderar a la ciudadanía local y no sobreestimar la capacidad de los abogados occidentales para intervenir, resolver casos individuales y generar un impacto duradero.

Este año, la Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta, el programa Justicia para los Pobres del Banco Mundial y otros donantes internacionales lanzan la iniciativa "Empoderamiento Legal de los Pobres". Reconociendo el papel crucial de la sociedad civil y la implicación local, la iniciativa trabajará con grupos locales para apoyar programas comunitarios de asistentes jurídicos y otras iniciativas comunitarias de reforma judicial.

TIERNAN MENNEN
Gerente sénior de proyectos, Empoderamiento legal de los pobres, Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta
VIVEK MARU
Asesor del Grupo de Reforma Judicial del Banco Mundial

Al editor:

Aunque Gary Haugen y Victor Boutros (“And Justice for All”, mayo/junio de 2010) destacan acertadamente la importancia de los sistemas de justicia pública en los países en desarrollo, su análisis exige una réplica en dos áreas críticas.

En primer lugar, el artículo presenta un panorama excesivamente desolador de las dificultades para promover los derechos legales, ya que los autores ven la situación desde una perspectiva macroeconómica y como algo congelado en el tiempo. Desde una perspectiva práctica y a lo largo del tiempo, surge un panorama diferente; la situación no es tan desesperanzada. De hecho, los mismos problemas que mencionan Haugen y Boutros son sintomáticos del progreso sustancial que se está logrando: los pobres de los países en desarrollo están adquiriendo una mayor expectativa de justicia, y una nueva generación de defensores de la justicia está desafiando los límites, lo que provoca la negativa reacción en su contra.

En segundo lugar, el artículo pasa por alto las dimensiones económicas del abuso. En países con sistemas judiciales incipientes, la tortura es simplemente una forma económica de investigación criminal; las confesiones obtenidas mediante coacción eximen a la policía, mal capacitada y con escasos recursos, de tener que construir casos con base en pruebas.

Tras una década de trabajo en más de 15 países, International Bridges to Justice, una organización sin fines de lucro que colabora con gobiernos y asociaciones de abogados locales para mejorar los sistemas judiciales, ha descubierto que, una vez que se tiene acceso a asistencia legal, los derechos se ven inmediatamente más garantizados. Y dicho apoyo, por ejemplo, a través de centros de asistencia legal, no tiene por qué ser costoso. Reconocer esto transforma el problema de los derechos legales de un asunto político a uno económico y crea una nueva oportunidad para abordarlo. Activistas y legisladores pueden compensar los abusos recaudando fondos para el establecimiento de infraestructura de asistencia legal. Esto advertiría a la policía, fiscales y jueces de que existe un mecanismo de protección para prevenir los abusos.

El recurso más importante para fomentar el Estado de derecho ya existe: los abogados defensores. Son la fuerza de choque para defender los derechos legales, pero también son los más vulnerables a las represalias. Las reformas legales solo prosperarán si se apoya a los profesionales locales.

KAREN I. TSE
Fundador y director ejecutivo de International Bridges to Justice
Kenneth Neil Cukier
Miembro de la Junta Directiva de Puentes Internacionales hacia la Justicia

 

Subido en: 11 de enero de 2012
Última Actualización: 04 de diciembre de 2015
Escrito por vivek maru
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Tipo de recurso: Publicaciones Namati



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