6 de marzo de 2024
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En esta entrevista tuvimos la oportunidad de conversar con Catalina Marino, Coordinadora de Programas de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sobre el trabajo de investigación acción participativa que han venido realizando desde 2023 en el marco de la Agenda de Aprendizajes para el Empoderamiento Jurídico. A través de este proyecto, ACIJ está trabajando en el fortalecimiento de la participación pública y la solidaridad comunitaria para la integración socio-urbana en la cuenca Matanza-Riachuelo (Argentina). A la vez, está generando evidencia clave sobre cómo construir participación y liderazgo comunitaria y cómo usar estrategias de empoderamiento jurídico para avanzar la justicia ambiental en la intersección con otros derechos. Durante nuestra conversación, hablamos sobre los aprendizajes del proyecto, y cómo esperan transformar la investigación en acciones concretas que beneficien el accionar de la organización y su impacto sobre políticas y normativas, así como sobre comunidades en asentamientos informales con las que trabajan.
Desde hace décadas, ACIJ viene trabajando con estrategias de empoderamiento jurídico junto a comunidades que han sido afectadas por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en el marco de la implementación del fallo histórico de la Corte Suprema (2008) que declaró la necesidad de llevar a cabo obras de saneamiento y protección a comunidades afectadas. En nuestra conversación con Catalina, indagamos sobre cómo acciones concretas relacionadas con el desarrollo de un estudio de investigación acción participativa que inicia en 2023 tienen, o tendrán, un impacto sobre el trabajo de ACIJ en este contexto.
Adicionalmente, reconociendo los cambios del contexto político que han tenido lugar con los resultados de las últimas elecciones en Argentina (noviembre de 2023), aprovechamos la oportunidad para discutir con Catalina sobre cómo estos cambios han impactado la investigación y el accionar de ACIJ, y qué decisiones han tomado para sobrellevar las dificultades percibidas por este tipo de cambios.
El contexto político lo que hace es exacerbar algunos problemas que ya habíamos identificado antes. Hay dos grandes problemas que yo identifico.
Uno, el proyecto arranca en enero de 2023 y en agosto tenemos las primarias abiertas en Argentina que dan como ganador a Javier Milei, y esto trastoca el escenario político y los alineamientos políticos. Sobre todo hizo que de agosto a noviembre [de 2023] estuvimos en campaña electoral. La campaña se siente mucho en los barrios ya que muchos actores son o movimientos sociales, o referentes de partidos políticos o de colectivos asociados o alineados con algún candidato. Esa dinámica impacta directamente en las actividades o discusiones que uno puede dar en el barrio. Sabíamos que eso iba a suceder porque era año electoral, pero el lineamiento [de derecha] hace que impacte mucho más. Y sobre todo el desconcierto, porque era menos clara la estrategia que hay que seguir.
A todo esto, se suma que cambian los costos asociados a criticar ciertas políticas, porque de pronto estás corriendo muy de atrás con el discurso de derechos. A nivel barrial, criticar a funcionarios que están ahora asociados con el espectro de la izquierda o del peronismo de izquierda en general en un contexto de un gobierno de derecha es más costoso. Es más difícil exigirles sobre la forma en que tienen que ejecutar los derechos.
Hay una parte de las estrategias que tenés que repensar más de cara a la nueva recomposición del espectro político. Hay otra cosa que es más general de toda transición que es el cambio de funcionarios tanto a nivel nacional como a nivel local. Incluso al nivel de Buenos Aires, donde continúa el PRO [Propuesta Republicana], es acentuado el giro a la derecha de este gobierno local.
Entonces, es todo un trabajo de entender quiénes son los nuevos interlocutores y aliados, cuál va a ser la política, etc. A nivel nacional, hay una parte de los funcionarios que es gente que viene de afuera, no los conoce nadie. Además, tardaron mucho en nombrar a los nuevos funcionarios, en un contexto también de recortes de presupuesto.
Intentamos empezar con un mapa de actores, pero había que actualizarlo todas las semanas, porque nombran a funcionarios y los cambian. Estamos en marzo y todavía estamos intentando entender cuál es nuestro mapa de actores. Está todo incierto y eso para planificar acciones está difícil.
Y para terminar, el gobierno nacional hizo una política de reducción del gasto público muy fuerte que impacta directamente a los barrios populares en cuestiones como, por ejemplo, no mandar comida a los comedores comunitarios, dar de baja subsidios a las organizaciones sociales, etc. Ante esto, las organizaciones barriales están todavía acomodándose, y es un contexto extraño para proponer agenda.
La parte de la investigación se mantiene. Es decir, seguimos sistematizando el trabajo del año pasado, aún sin poder todavía registrar el nuevo contexto.
Lo que sí cambia es a nivel de acción. Entonces, nos dimos cuenta que convocar espacios como asambleas en este contexto era imposible. Nadie estaba pudiendo pensar en cómo organizarnos. Entonces, nos hemos centrado en buscar que las acciones que hagamos tengan sentido lógico para los actores con los que trabajamos, y buscar actores alternativos que nos permitan trabajar en red.
Estamos todas las organizaciones intentando trabajar en red porque estamos como a la defensiva, hay algo ahí de trinchera. Veníamos con una agenda progresista de derechos, y ahora esto está en retroceso, por lo menos en el discurso público. Entonces, a nivel proyecto, en Villa 21-24, por ejemplo, donde hay una organización más activa, están todas desarmadas. A partir de ahí decidimos anclar con organizaciones que tienen trabajo territorial en el barrio. Es poder aprovechar alianzas para hacer sinergias con lo que vienen haciendo esas otras organizaciones para tener más tracción, porque somos pocos, hay pocos recursos, van a ser años difíciles y hay que saber definir las batallas. Entonces, buscamos cómo no cansarnos y sobre todo, no cansar al barrio.
Los objetivos actuales son más de trinchera. Si cuando iniciaba el proyecto podíamos pensar en acciones que habilitaran más inversión pública o más participación en la inversión pública, o desarrollar estrategias para que hubiese, por ejemplo, una mesa de urbanización en Villa 21-24.
Esto no va a ser, no lo vamos a ver este año ni el que viene.
En principio, tendería a pensar que no va a haber plata del Estado, y entonces nuestros objetivos materiales se eliminan. Lo que buscamos es pelear que al menos nos den lo que se venía dando como: que se termine la obra de agua en la Villa 21-24, que acaben de construir vivienda, etc.
En este contexto, no obstante, no podemos quedar como la “oposición” al gobierno, ya que hay que ser estratégico a nivel del discurso público. No puede ser la oposición por la oposición. Tenemos que poder articular discusiones. Porque aquí hay gente que piensa que el ajuste en el gasto era lo que había que hacer después de años de populismo, o gente incluso que les parece que hay que hacer el ajuste porque debe ir a la gente que más lo necesita. Nada nos demuestra que va a la gente que más lo necesita, porque los datos no dan eso, pero es lo que está establecido en el discurso público. Y en la época de las fake news es muy difícil pensar en un debate sofisticado a este nivel. Es decir, generar una instancia de diálogo que permita pensar sofisticadamente las políticas públicas. Entonces, hay que buscar con quiénes queremos hacer eso, cómo no nos hablamos entre nosotros.
1) Estar abierto a que tu plan sea dejado de lado. Hay que estar dispuesto a eso para que funcione, o estar evaluando todo el tiempo (naturalmente, cuando uno tiene la capacidad de recalcular y cuando el diálogo en el marco del proyecto es flexible), poder estar monitoreando si las cosas que habíamos originalmente previsto siguen teniendo sentido. Pensar en qué tiene sentido continuar aun cuando sea a modo de registro/aprendizaje, y en qué de eso, por nivel de contexto, intereses, etc. tienes que pensar otra estrategia. Para eso es clave tener una pisada o contacto con el territorio.
2) Poder evaluar todos los pros y contras de tu bandera. Para llevarla de una manera que sea acorde con tus principios, pero consciente del contexto político y la forma de pensar de las personas en el territorio. Por ejemplo, si yo vengo defendiendo la participación comunitaria, tenemos que seguir haciendo esto. No se trata de bajar los estándares o replegar mis banderas. Lo que tenemos es que aprender a saber cómo mediar nuestro discurso de participación ante los retos que son impuestos por el contexto político, porque tienes que saber para quién estás trabajando. Yo no tengo un objetivo como ACIJ por ACIJ, tienen que estar ligados a las comunidades, a los barrios populares con los que trabajo. Tengo que estar monitoreando todo el tiempo y ver cómo integrar la discusión. No se puede defender tu bandera a ultranza, porque no vas a querer alienar a los propios aliados que puedes llegar a tener en el territorio.
Parte de las intervenciones que pensamos era poder recolectar información que dé cuenta del estado de cumplimiento del fallo: desde cuestiones ambientales como los niveles de contaminación de aire, suelo, agua, etc., a cambios en las condiciones de vida y/o avances de los procesos en los barrios populares en general en el marco de la causa. Buscamos entender el nivel de efectividad que tiene este gran litigio estratégico ambiental épico del país, con un nivel de implementación bajo.
Sobre la sistematización de esta información, la propuesta es a través de un relevamiento en los barrios populares. La idea es involucrar a una persona que sepa de metodología de encuesta para diseñar el proceso de recolectar esta información y salir a recolectar datos. Sin embargo, esto dependerá de cómo podamos articular con otros actores, y ver la extensión del proyecto. Habrá que esperar para ver, y si no, tocará usar la información pública disponible. Sobre la población a entrevistar hay un interés en trabajar con las familias relocalizadas, pero también con familias que no han sido relocalizadas y están siendo afectadas por la contaminación de la cuenca.
Mi expectativa es poder ver si efectivamente hubo un impacto con los procesos de relocalización. Idealmente tendería a pensar que hubo un impacto positivo en el nivel de calidad de vida por el acceso a servicios, vivienda y demás. Sobre todo en comparación con familias que no tuvieron acceso a soluciones.
Pensando además cuáles son las contras (por ejemplo, el pago por acceso a servicios). Hay tendencias de familias que son relocalizadas y luego alquilan o venden porque no pueden sostener la vivienda, entonces ver también el nivel de sostenibilidad de esta política. Poder hacer un análisis profundo sobre esta política.
En resumidas cuentas, yo vería poder entender cómo estas acciones generan cambios concretos en las condiciones socioambientales de las familias y después qué limitaciones tienen. Quizás el informe debería llevarnos a la conclusión que la solución no es necesariamente una vivienda nueva, quizás es hacer una integración socio urbana en el barrio. No obstante, no sé si los datos van a dar para sacar esa conclusión porque no hay muchos ejemplos de evaluación de integración sociourbana en esta escala, pero esto nos debería ayudar a poder sofisticar la política pública en términos de la integración socio urbana. Pero bueno, eso es más como una intuición mía.
Perdón, y eso se complementa con que si uno pudiera tener datos sobre los impactos de la política pública podría hacer argumentos más sofisticados sobre cómo tienes que invertir. Entonces, yo espero que nos dé información suficiente para sofisticar la política pública, o sofisticar los planteos judiciales que nos permitan a largo plazo mejorar este tipo de intervenciones.
Siendo optimista, si esto se concreta con ciertas alianzas, esto puede ser un instrumento potente para analizar en distintos planos efectivamente el impacto que tienen los litigios colectivos en materia ambiental. Sería algo novedoso en ese punto, porque serían diferentes actores y organizaciones intervinientes en un litigio colectivo demostrando el impacto, las limitaciones, éxitos y demás.
Una parte que tiene que ver con lo judicial, cuáles fueron las limitaciones judiciales de esta causa, y una parte más fáctica sobre cuánto de la causa permite avanzar obras, cuántas de esas obras impactan en los barrios, cuánto de lo que se exigió es lo que se debería haber exigido para avanzar la justicia ambiental.
Con respecto a la implementación de la causa, me parece difícil que podamos ver una inversión pública igual que como lo hemos visto en los años anteriores. Sí creo que podría bajar lineamientos de los pocos recursos que haya sobre cómo invertirlos, como desarrollarlos, y cómo darles prioridad. En ese sentido sí veo más, me parece, que una acción positiva de la Corte Suprema podría permitir que los recursos disponibles vayan dirigidos a esta causa.
Lo que habíamos pensado es sistematizar los impactos, beneficios y problemas de las estrategias jurídicas en distintos contextos. Esto a través de entrevistas y nuestras experiencias.
La idea es ver qué pasaba en Villa Inflamable antes y después de la amenaza de relocalización, o en Villa 21-24 en tres periodos: el previo donde no había participación, después una parte más ordenada con una participación de la población más activa, y una parte ahora donde no hay expectativa de vivienda. Entonces, es pensar en periodos para entender qué funciona frente a qué contexto, y cómo reacciona uno con estrategias y herramientas. A partir de ahí desarrollar los roles o desafíos de la organización comunitaria, y cómo va variando la concepción de lo ambiental como amenaza.
Y esto lo esperamos sistematizar a través de entrevistas ya realizadas y de nuestra propia participación en estos procesos. No tenemos una sistematización en sí de nuestras reflexiones en cada momento. Las rendiciones nos sirven para hacer eso.
¿Qué tipo de análisis esperan hacer y cómo lo esperan difundir?
La idea es que sea en forma de artículo, aunque no completamente académico. Que cuente con revisión bibliográfica y anclaje conceptual, describir por qué lo ambiental en nuestro caso se confunde tanto con la integración socio urbana. Pero que sea más una reflexión de las estrategias. Que a la vez sirva como un anexo de aprendizajes que nos permita mejorar nosotros.
No está pensado para difundirlo en el barrio. Es un documento más para difundir en el marco de la Agenda de Aprendizajes, más de sociedad civil de observación externa y reflexión.
Para mi esto nos obliga a pensar si lo que estamos haciendo tiene sentido y cuál es nuestro plan de aquí a tres o cinco años (el de ACIJ y el programa de Derecho a la Ciudad). Nos obliga a frenar la pelota y pensar si lo que estamos haciendo tiene sentido. ¿Trabajar con comunidades de qué manera? ¿Tenemos que hacer trabajo territorial o tenemos que aliarnos con otros y ser una organización intermedia? ¿Promover la estrategia jurídica o no? Cómo, cuándo, en qué momento y con quién. Y también entender en qué momento hay que soltar.
Todo este proyecto me ha hecho reflexionar en general en relación no solo al programa sino a ACIJ. Sobre los programas que originalmente surgimos como programas anclados en demandas comunitarias, tenemos este desafío del trabajo en comunidades, los roles, las estrategias. He tenido varias conversaciones con colegas de ACIJ pensando en a dónde tenemos que ir como organización en general, independientemente de los programas. Entonces, creo que estas discusiones que me motivaba este proyecto dieron pie para para discutir con otros esta vinculación. Como de la organización más en general con las comunidades, y si el paradigma no tiene que ser otro, dado que la organización es otra 20 años después.
Tiendo a pensar que la única manera de escalar ciertas acciones es ser una organización intermedia, con los riesgos de tercerizar el contacto con las comunidades. Repensar si un rol de una organización como la nuestra, que hace investigación acción y tiene una estructura que llegamos a lugares de poder con incidencia en lugares de toma de decisiones, que quizás nuestros esfuerzos deberían focalizarse en mejorar esos lazos y que los lazos con los barrios estén mediados por organizaciones territoriales y de ahí pensar en las estrategias de por ejemplo darles metodologías a esos actores que no tienen o darles contacto con actores con los que ellos no dialogan. Pienso que esos son los aprendizajes.